Apertura de la cumbre Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente.
Santo Domingo.- La República Dominicana es el país que emite menos gases de efecto invernadero y es uno de los más vulnerables al cambio climático en América Latina y el Caribe. Sin embargo, es uno de los menos financiados y más endeudados de la región.
Así lo expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, en la apertura de la XI Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático.
“A pesar de ser América Latina y el Caribe una región que apenas emite gases de efecto invernadero, emite menos del 8.3 % de estos gases y en el caso de República Dominicana un 0.06%; somos, sin embargo, la región más vulnerable al cambio climático, en particular el Caribe, la segunda menos financiada y la más endeudada”, dijo.
Asimismo, advirtió que en el caso de no atender la crisis climática y alcanzar la meta del 1.5º C de temperatura global, la subida del nivel del mar podría llegar hasta valores de entre 45 y 82 cm para 2100, lo que provocaría la desaparición de importantes núcleos poblacionales.
Además, indicó que la prioridad es corregir las debilidades, contar con sistemas financieros sostenibles que orienten la inversión hacia la acción climática, lograr una mayor presencia del sector privado y diversificar el marco de instrumentos financieros existentes.
Según el informe La Rábida 2018, estima que la inversión total necesaria para adaptarse a los efectos climáticos ya inevitables está entre US$17,000 y US$27,000 millones al año, lo que supondría un coste económico para Latinoamérica de alrededor de US$100,000 millones al año para 2050.
El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, destacó la urgencia de articular un nuevo paradigma que permita avanzar en la agenda de desarrollo sostenible. “La rica biodiversidad de Iberoamérica nos convierte en la plataforma idónea para compartir conocimientos”.
— Acciones
Las ministras y ministros resaltaron las líneas de acción prioritarias en materia medioambiental, así como la decisión de avanzar en la construcción conjunta de un documento político de consenso.
