Roberto Marcallé Abreu
Días atrás, en una prolongada conversación telefónica con dos amigos de siempre –Daniel Contreras y Rafael Evangelista Alejo- de repente se deslizó en el diálogo la profética novela “1984” de George Orwell.
Años hace que leí ese libro. Las ideas de Orwell, incluso, fueron una inspiración cuando decidí escribir una trilogía de novelas cuya trama se fundamenta en la distorsión y perversión del uso de los medios electrónicos en el control del ciudadano.
Concebí el argumento de mis libros como una subversión y una ruptura de lo revelado por Orwell. No es el Estado y sus organismos y detentadores quienes deben controlar al ciudadano, como ocurre en “1984”, sino que es éste quien debe dictar las pautas a quienes les gobiernan.
La realidad, pese al abuso del término “democracia”, es todo lo contrario a esa situación, con sus excepciones. El Estado posee infinidad de recursos solo que, históricamente, su utilización no armoniza frecuentemente con los anhelos y aspiraciones de la sociedad.
Con sobrada frecuencia, observamos en las redes sociales actos de despojos y agresión de antisociales que escapan con celeridad del escenario de los hechos de manera impune. Existen miles de cámaras instaladas en todo el territorio nacional.
Entonces, ¿por cuales razones acciones de esta naturaleza se repiten incesantemente sin consecuencias?
Cuando el anterior gobierno puso en vigencia el “911”, se mostraron con largueza las propiedades del nuevo sistema.
Miles de cámaras, supervisadas por un personal bien entrenado, que era testigo de la existencia del ciudadano en todas partes. Puede que esté equivocado, pero creo que solo en contadas ocasiones el sistema ha sido utilizado para apresar y llevar a la justicia a los delincuentes.
Y esto ocurre porque los medios y recursos del Estado, debido a la distorsión de que hemos sido objeto por tantas décadas, no han estado al servicio del ciudadano ni de la sociedad
El presidente Abinader ha recibido en herencia una administración distorsionada de forma grave donde, muchas veces, los recursos de la inteligencia oficial han estado al servicio de la ilegalidad.
Transformar una sociedad tan dañada, es una tarea descomunal, plagada de riesgos y dificultades. La actitud serena que se aprecia en el proceder del ejecutivo puede ser explicada en el hecho de que la delincuencia y el delito entronizados han creado a todos los niveles verdaderas telarañas de intereses espurios que tomará largo tiempo en quebrar.
Por eso, resulta encomiable la labor que realiza la Procuraduría General de la República en contra de los desfalcadores del tesoro público. La Cámara de Cuentas recién escogida deberá realizar su trabajo de manera rigurosa.
Corresponde al Congreso cuestionar cualquier funcionario para pedirle cuentas. Es esperanzadora la adquisición de vacunas para enfrentar el Covi-19 sin intermediaciones dudosas. Es fundamental la anunciada auditoría a la nómina pública como estimulantes las inversiones turísticas en la región este del país.
Pero también es vital el uso de la inteligencia del Estado y de instalaciones como las del 911 no solo para urgencias médicas y de emergencia sino como un recurso invaluable para enfrentar la delincuencia callejera. Resultaría en un gran alivio para una población que, con frecuencia, se siente desprotegida e indefensa frente a los antisociales.
Similar actitud interventora se requiere en el control irrestricto de servicios y productos cuyos precios están, a todas luces, fuera de toda medida.
Es hora de ponerle freno a realidades que resultan intolerables y que se pueden corregir con un mínimo de esfuerzos. Este proceder repercutirá en beneficio del pueblo y de este nuevo estado de cosas.
