Durante mucho tiempo hemos vivido con cierto miedo tecnológico, una resistencia natural frente a los cambios que alteran nuestras formas tradicionales de trabajar, comunicarnos, producir y relacionarnos. Sin embargo, esa etapa ha quedado atrás. Vivimos en una sociedad en la que resulta cada vez más difícil sustraerse a la revolución digital: las redes sociales, el comercio electrónico, la banca digital, las plataformas de servicios, las grandes empresas tecnológicas, la inteligencia artificial y el mercado global forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.
La transformación no es exclusivamente tecnológica. Es también económica, política y social. Quien queda desconectado de Internet no solamente pierde acceso a una herramienta de comunicación: puede quedar excluido de oportunidades educativas, empleos, servicios financieros, trámites públicos, información, mercados y nuevas formas de participación ciudadana.
La República Dominicana ha avanzado considerablemente. Según la ENHOGAR-2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el 91.0 % de la población de cinco años y más utilizó Internet durante los tres meses anteriores a la encuesta. La cifra alcanza 92.1 % en la zona urbana y desciende a 85.1 % en la rural. Es decir, el país ha logrado una elevada penetración del uso de Internet, pero todavía existe una brecha territorial de siete puntos porcentuales entre ambos espacios. (One)
Este avance convive, además, con una fuerte expansión del teléfono móvil. El 94.7 % de los hogares dominicanos dispone de al menos un celular y el 78.6 % de la población de cinco años o más posee un teléfono celular propio. La diferencia urbano-rural persiste: la tenencia de celular propio llega al 79.7 % en las zonas urbanas frente al 72.4 % en las rurales. (One)
Estos números permiten establecer una primera conclusión: República Dominicana ya no enfrenta solamente el problema de estar conectada o desconectada; enfrenta el desafío de lograr una conectividad significativa, asequible, de calidad y productiva.
La inclusión digital como nuevo derecho social
La inclusión digital es hoy una condición para revitalizar el contrato social. Tradicionalmente, ese contrato se ha entendido como el conjunto de derechos y obligaciones que vinculan al ciudadano con el Estado y con la sociedad. Pero la naturaleza de esos derechos está cambiando.
Una persona que no puede conectarse adecuadamente tiene más dificultades para acceder a una oferta de empleo publicada exclusivamente en línea; para realizar una transferencia bancaria; solicitar una cita médica; completar un formulario gubernamental; estudiar a distancia; capacitarse; vender un producto por Internet o conocer información indispensable para participar plenamente en la sociedad.
Por eso, el acceso significativo a Internet debe ser considerado una infraestructura social, al igual que la educación, el transporte, la electricidad y otros servicios esenciales.
El concepto de conectividad significativa resulta particularmente importante. No basta con que una persona tenga señal o un teléfono móvil. Importan también la velocidad, la estabilidad de la conexión, la disponibilidad de dispositivos apropiados, la frecuencia de uso, las habilidades digitales y la capacidad económica para pagar el servicio.
El informe de la ONE sobre conectividad significativa mostró precisamente esta diferencia: cuando se incorporan calidad, frecuencia y asequibilidad, la proporción de población rural con conectividad significativa era considerablemente menor que la urbana. El documento sirve como advertencia frente a la tentación de medir el desarrollo digital únicamente por el número de líneas telefónicas o usuarios conectados. (One)
Una brecha que tiene territorio
La desigualdad digital dominicana también tiene una geografía. No todas las provincias participan en iguales condiciones de la economía digital.
El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 permite observar las diferencias territoriales en la disponibilidad de equipos y servicios TIC. La propia ONE identifica diferencias importantes entre las provincias y muestra que la carencia de dispositivos y servicios digitales sigue siendo considerablemente mayor en determinados territorios. (One)
Cuadro 1. Brecha territorial y conectividad digital en República Dominicana
| Indicador | Situación |
| Población de 5 años y más que usó Internet, 2024 | 91.0 % |
| Uso de Internet en zona urbana | 92.1 % |
| Uso de Internet en zona rural | 85.1 % |
| Hogares con teléfono celular, 2024 | 94.7 % |
| Personas de 5 años y más con celular propio | 78.6 % |
| Personas con celular propio, zona urbana | 79.7 % |
| Personas con celular propio, zona rural | 72.4 % |
| Uso de Internet entre 15-19 años | 97.7 % |
| Población de 5 años y más que no usó Internet en los últimos 3 meses | 9.0 % |
Fuente: ONE, ENHOGAR-2024. (One)
Estos resultados son alentadores, pero también revelan que la inclusión digital no puede medirse exclusivamente por el porcentaje nacional. Un promedio de 91 % puede esconder diferencias importantes entre territorios, ingresos, edades y calidad de conexión.
De hecho, el análisis de la OCDE sobre República Dominicana encontró que la participación de hogares con Internet variaba considerablemente entre provincias. En los registros administrativos de 2021, el Distrito Nacional y las provincias más urbanizadas presentaban los mayores niveles, mientras que provincias como Elías Piña e Independencia se encontraban entre las más rezagadas. La OCDE estimó diferencias territoriales superiores a 40 puntos porcentuales en algunos indicadores de conectividad. (OECD)
Cuadro 2. Provincias: principales focos territoriales de la brecha digital
| Grupo territorial | Provincias representativas | Característica |
| Alta conectividad | Distrito Nacional, Santo Domingo, La Altagracia, La Romana | Mayor urbanización, actividad económica y concentración de infraestructura |
| Conectividad intermedia-alta | Santiago, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel | Importantes centros urbanos y productivos |
| Conectividad intermedia | Espaillat, Valverde, Peravia, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal | Avances importantes, pero con desigualdades internas |
| Mayor vulnerabilidad | Azua, Barahona, San Juan, Monte Plata, El Seibo, San José de Ocoa, Bahoruco | Menor densidad económica y mayores brechas urbano-rurales |
| Prioridad territorial | Elías Piña, Independencia, Pedernales, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras provincias fronterizas/rurales | Menor escala de mercado, dispersión territorial y mayores obstáculos de infraestructura |
Nota editorial: esta clasificación es analítica y no constituye un ranking oficial. Para las comparaciones cuantitativas provinciales debe utilizarse la base de datos del X Censo 2022 y los registros administrativos de INDOTEL/ONE. La ONE dispone de estadísticas de cuentas de Internet fijo por provincia y municipio hasta 2024. (One)
La conclusión es clara: el lugar donde nace o vive una persona continúa influyendo en sus posibilidades de aprovechar la transformación digital.
Internet: de herramienta de comunicación a infraestructura económica
El uso de Internet también ha cambiado profundamente. Ya no se trata solamente de navegar por redes sociales o enviar mensajes.
Internet es hoy una infraestructura para comprar y vender, estudiar, trabajar, recibir servicios médicos, efectuar operaciones bancarias, buscar empleo, comunicarse con instituciones públicas y desarrollar negocios.
La propia ENHOGAR incorpora entre los usos de Internet la búsqueda de información sobre bienes y servicios, salud, instituciones públicas, pagos y compras, llamadas y videollamadas, redes sociales, correo electrónico, banca, educación, búsqueda de empleo y comercio electrónico. (One)
Esto transforma la estructura de oportunidades de una economía.
Una pequeña empresa con acceso a Internet puede promocionar sus productos fuera de su municipio, recibir pedidos, cobrar digitalmente, comprar insumos y relacionarse directamente con consumidores. Un joven de una comunidad rural puede realizar un curso impartido desde Santo Domingo o desde otro país. Un profesional puede prestar servicios a empresas extranjeras sin abandonar su provincia.
La digitalización, por tanto, puede convertirse en un mecanismo de descentralización económica.
Pero también puede hacer exactamente lo contrario.
Si las provincias con mayores ingresos, mejor educación e infraestructura son las primeras en adoptar inteligencia artificial, comercio electrónico, servicios financieros digitales y automatización, mientras las zonas pobres permanecen conectadas únicamente para consumir contenidos, la revolución digital puede ampliar la desigualdad en lugar de reducirla.
La exclusión digital es también exclusión económica
La desigualdad tecnológica no es un problema aislado. Está estrechamente vinculada con la pobreza, la educación, la productividad y el empleo.
El Banco Mundial ha advertido que en América Latina y el Caribe existen grandes diferencias de conectividad entre hogares pobres y no pobres. En el caso dominicano, el acceso a Internet en los hogares pobres se encuentra entre los más bajos de la región. (World Bank)
Esto significa que una familia de bajos ingresos puede enfrentar simultáneamente varias barreras: no disponer de computadora, depender de un teléfono básico, tener un plan de datos limitado, vivir en una zona con peor infraestructura y carecer de las habilidades necesarias para aprovechar los servicios digitales.
La pobreza digital puede, así, convertirse en una trampa intergeneracional.
Un niño que estudia con una conexión limitada tiene menos posibilidades de acceder a determinados contenidos educativos. Un joven sin competencias digitales avanzadas tiene menos oportunidades laborales. Un pequeño empresario que no sabe utilizar herramientas digitales pierde mercados. Un adulto mayor que no domina las plataformas digitales puede quedar excluido de servicios que antes podía obtener presencialmente.
La brecha digital es, por consiguiente, una nueva dimensión de la desigualdad social.
La brecha dominicana en el contexto latinoamericano
La República Dominicana no está aislada de esta problemática.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que en 2024 unos 5,500 millones de personas utilizaban Internet en el mundo, equivalentes al 68 % de la población global. En América Latina y el Caribe, aproximadamente cuatro de cada cinco personas estaban conectadas. (ITU)
El Banco Mundial estima que para 2022 el 76 % de la población de América Latina y el Caribe utilizaba Internet, aunque persistían importantes desigualdades entre países y grupos sociales. (World Bank)
La región también enfrenta una brecha urbano-rural. La disponibilidad de infraestructura no significa automáticamente que las personas puedan pagarla o utilizarla eficazmente. El costo de los dispositivos y de los servicios continúa siendo una barrera para los hogares de menores ingresos. (World Bank)
Cuadro 3. La exclusión digital en América Latina y el Caribe
| Indicador | Resultado regional |
| Población de ALC que utilizaba Internet en 2022 | 76 % |
| Población mundial conectada en 2024 | 68 % |
| Población mundial todavía fuera de Internet en 2024 | 2,600 millones |
| Uso de Internet en ALC en 2024 | aprox. 80 % |
| Acceso a Internet en hogares de ALC, 2022 | 68.4 % |
| Diferencia urbano-rural en las Américas, 2024 | 90 % urbano vs. 74 % rural |
Fuentes: Banco Mundial, CEPAL e UIT. (ITU)
La comparación demuestra que el desafío dominicano forma parte de una transformación regional más amplia. El objetivo ya no puede ser simplemente “conectar a los desconectados”. Hay que conseguir que la conexión sea útil, segura, frecuente, asequible y capaz de generar ingresos y oportunidades.
El miedo a la automatización y la inteligencia artificial
A esta discusión se suma ahora un nuevo elemento: la inteligencia artificial.
El temor ante las perspectivas futuras es una fuente legítima de incertidumbre. La automatización puede sustituir tareas rutinarias y repetitivas, especialmente aquellas que dependen de procedimientos previsibles. Pero también puede crear nuevas ocupaciones, elevar la productividad y permitir que trabajadores y empresas realicen actividades de mayor valor agregado.
El problema no es la inteligencia artificial en sí misma. El verdadero riesgo es que la velocidad de adaptación de la población sea menor que la velocidad del cambio tecnológico.
Si un trabajador pierde una tarea que antes realizaba y no dispone de capacitación para asumir otra, la innovación se convierte en una amenaza. Si, por el contrario, recibe educación continua, aprende herramientas digitales y puede acceder a empleos de mayor productividad, la misma tecnología puede convertirse en una oportunidad.
Por eso, la política pública debe cambiar el enfoque: no se trata de proteger indefinidamente puestos de trabajo que la tecnología transforma, sino de proteger la capacidad de las personas para encontrar nuevas oportunidades.
La capacitación anunciada por el Estado dominicano alrededor de la estrategia de transformación digital y de programas de formación en inteligencia artificial puede ser un paso importante. Pero la meta debe ir más allá de capacitar a un millón de personas: hay que garantizar que esa formación se traduzca en certificaciones, empleabilidad, emprendimientos, salarios más altos y productividad.
Un nuevo contrato social para la era digital
El nuevo contrato social debe reconocer que la ciudadanía del siglo XXI tiene una dimensión digital.
Ese contrato debería descansar, al menos, sobre seis pilares:
Primero: conectividad universal.
Ningún dominicano debería quedar excluido de Internet por vivir en una comunidad rural, fronteriza o económicamente deprimida.
Segundo: asequibilidad.
La conexión debe tener un precio compatible con los ingresos de los hogares pobres. No tiene sentido ampliar la infraestructura si quienes más la necesitan no pueden pagar el servicio.
Tercero: dispositivos.
La política de inclusión no puede limitarse a la señal. Una persona que accede exclusivamente mediante un teléfono de baja capacidad no tiene las mismas posibilidades que quien dispone de una computadora y una conexión de alta velocidad.
Cuarto: alfabetización digital.
Hay que enseñar a utilizar Internet para aprender, producir, emprender, buscar empleo, acceder a servicios públicos y administrar finanzas, pero también para reconocer fraudes, desinformación y riesgos de seguridad.
Quinto: competencias para la inteligencia artificial.
La capacitación debe comenzar en la escuela y continuar durante toda la vida laboral. La educación digital no puede ser un programa aislado; debe formar parte de la política nacional de empleo.
Sexto: ciudadanía y derechos digitales.
La protección de los datos personales, la privacidad, la ciberseguridad, la transparencia de los algoritmos y el acceso equitativo a los servicios públicos digitales deben convertirse en componentes permanentes de la institucionalidad.
¿Qué debemos hacer?
La República Dominicana necesita pasar de una política de conectividad a una política nacional de inclusión digital productiva.
Esto implica priorizar inversiones en las provincias con mayores déficits, utilizando indicadores objetivos de pobreza, ruralidad, conectividad y calidad del servicio.
También debe ampliarse la infraestructura de fibra óptica y banda ancha, particularmente en las comunidades rurales, fronterizas y de menor densidad económica. Los proyectos de conectividad de la región Sur constituyen un ejemplo relevante: las autoridades han reportado infraestructura de fibra óptica en nueve provincias, con decenas de miles de hogares beneficiarios y conexiones subsidiadas. (Presidencia de la República Dominicana)
La segunda prioridad debe ser el costo de acceso. Los subsidios dirigidos a hogares vulnerables pueden ser más eficientes que subsidios generales, siempre que exista una identificación transparente de los beneficiarios.
La tercera es transformar las escuelas públicas en centros de inclusión digital comunitaria. Después de las horas lectivas, determinados centros podrían ofrecer capacitación para padres, trabajadores, adultos mayores, emprendedores y pequeños comerciantes.
La cuarta consiste en fortalecer las competencias digitales de las micro, pequeñas y medianas empresas. La transformación digital no será completa si las MIPYMES dominicanas no pueden vender, facturar, cobrar, comprar, administrar inventarios y exportar mediante herramientas digitales.
La quinta es utilizar la inteligencia artificial como instrumento de movilidad social. La formación debe concentrarse no solamente en aprender a utilizar herramientas de IA, sino en aplicarlas a sectores donde la República Dominicana posee ventajas: turismo, agroindustria, servicios empresariales, salud, educación, logística, comercio, industria y servicios profesionales.
Finalmente, el Estado debe publicar periódicamente un Índice Provincial de Inclusión Digital, con indicadores de acceso, velocidad, costo, dispositivos, habilidades digitales, uso productivo y conectividad rural. Sin información territorial comparable no es posible asignar correctamente los recursos públicos.
Conclusión
La República Dominicana ha recorrido una distancia extraordinaria en materia de conectividad. Que nueve de cada diez personas de cinco años o más hayan utilizado Internet recientemente constituye un avance significativo. Sin embargo, la cifra nacional no debe llevarnos a declarar vencida la brecha digital.
El desafío ha cambiado.
Ya no basta con preguntar cuántas personas tienen Internet. Debemos preguntar quiénes tienen una conexión de calidad, quiénes pueden pagarla, quiénes poseen los dispositivos adecuados, quiénes saben utilizarla y quiénes consiguen convertirla en educación, empleo, ingresos, emprendimiento y participación ciudadana.
La nueva desigualdad no será solamente entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen. Será también entre quienes saben utilizar la tecnología para producir valor y quienes solamente pueden consumirla.
El contrato social del futuro tendrá, por tanto, una dimensión digital ineludible.
República Dominicana necesita construir un modelo en el cual la tecnología no sea privilegio de las grandes ciudades, de los hogares de mayores ingresos o de los trabajadores altamente calificados. La revolución digital debe llegar a la comunidad rural, al pequeño comerciante, al estudiante, al agricultor, al trabajador informal, al adulto mayor y al emprendedor de cualquier provincia.
La verdadera transformación digital será aquella que consiga que el código postal no determine las oportunidades digitales de una persona.
Debemos legar a las futuras generaciones un capital físico, social, económico y tecnológico capaz de responder al desarrollo pleno de las capacidades de nuestro pueblo. El país que no invierta hoy en conectividad, educación digital e inteligencia artificial tendrá que pagar mañana el costo de una nueva forma de desigualdad.
El nuevo contrato social debe ser, por tanto, también un contrato digital: más conectividad, más conocimiento, más productividad, más oportunidades y, sobre todo, más igualdad.
El autor es economista
Bibliografía y fuentes estadísticas recomendadas
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). ENHOGAR-2024: Informe general. Santo Domingo, 2025. Incluye los datos más recientes utilizados sobre uso de Internet, telefonía móvil y brechas urbano-rurales. (One)
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). Informe de Conectividad Significativa. 2024. (One)
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). Fascículo III: Tenencia de bienes durables y servicios de comunicación en los hogares de la República Dominicana. 2026. Basado en el X Censo 2022 y con desagregación provincial, municipal y distrital. (One)
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). ENHOGAR-MICS 2025, Informe básico de resultados. Publicado en 2026. (One)
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Estadísticas nacionales de telecomunicaciones e Internet; registros administrativos de cuentas de Internet fijo y móvil. (One)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Multi-dimensional Review of the Dominican Republic. 2022. Análisis de las desigualdades territoriales y socioeconómicas de la transformación digital dominicana. (OECD)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Measuring digital development / Facts and Figures. Datos mundiales y regionales sobre uso de Internet, conectividad significativa, brecha urbano-rural y asequibilidad. (ITU)
- Banco Mundial. Digital Economy for Latin America and the Caribbean y estudios sobre brecha digital, pobreza y asequibilidad. (World Bank)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Indicadores sociales y de acceso a Internet en hogares de República Dominicana y América Latina. (CEPAL)
- Gobierno de la República Dominicana. Agenda Digital 2030. Objetivos nacionales de conectividad, asequibilidad, banda ancha e inclusión digital. (Agenda Digital)
Sobre el autor
Economista, CPA, comunicador social, catedrático universitario con 25 años de experiencia en el Sector Público Centralizado, Descentralizado y el Congreso. Desempeño en áreas como: Director de Innovación y Desarrollo Productivo del MEPyD, Consultor Económico y Social del Dpto. de Comisiones Cámara de Diputados, Director Depto. Financiero del SIUBEN, Enc Administrativo y Financiero de la Oficina de Cooperación Internacional del MINERD. Director del Centro de Procesamiento de Datos del...
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