Como escribió en 1998 Eduardo Galeano en "Patas arriba: La escuela del mundo al revés", vivimos en una realidad distorsionada donde los valores parecen invertidos: lo cuestionable se normaliza y lo ético se marginaliza. Esta obra del célebre escritor uruguayo sigue siendo un lúcido espejo de nuestras contradicciones contemporáneas.
¿En qué mundo vivimos? En uno donde la narrativa pública la dictan, en gran medida, conglomerados mediáticos propiedad de una élite multimillonaria. Estos grupos no solo informan, sino que moldean percepciones, establecen agendas y, de manera sutil o directa, deciden qué y quién es "bueno" o "malo", simplificando debates complejos y erosionando el pensamiento crítico. Ahora lo siempre o vanal es la moda.
¿En qué mundo vivimos? En uno donde la justicia parece aplicarse selectivamente. En 2024, el presidente estadounidense fue condenado en Nueva York por falsificación de registros comerciales, enfrenta otros procesos por manejo de documentos falsificados (Florida) e interferencia electoral (Washington D.C.), y su nombre ha circulado en investigaciones por su vinculación con la red criminal de Jeffrey Epstein, convicto por tráfico y abuso sexual de menores. A pesar de este historial jurídico y moral, una parte significativa del sistema político y mediático lo presenta como una víctima o un hombre potable.
Este mismo mundo, sin embargo, dirige una condena casi unánime y un férreo bloqueo económico contra figuras como Nicolás Maduro en Venezuela, cuyos gobiernos son acusados de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. La disparidad en el tratamiento genera una pregunta incómoda: ¿se mide con la misma vara? ¿O el poder económico, militar y narrativo determina el nivel de escrutinio y castigo?
La aberración del doble estándar y la ley del más fuerte lleva a celebrar que una potencia viole la soberanía de un país y se atribuya el derecho de secuestrar a sus autoridades, esto es una muestra de ese "mundo al revés". El ataque a un Estado soberano y el secuestro de un presidente y su esposa —en referencia al caso de Nicolás Maduro_ constituye un acto de extrema gravedad. Históricamente, América Latina ha sufrido intervenciones que, amparadas en la impunidad que otorgan el poderío militar y la influencia geopolítica, han violado reiteradamente el derecho internacional.
Cuando la fuerza bruta y la sinrazón se erigen como herramientas de política exterior, y una parte del mundo las aplaude por conveniencia o por una narrativa bien construida, el proyecto civilizatorio humano entra en un ocaso ético. La Carta de las Naciones Unidas es clara: su Artículo 2.4 prohíbe "el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Un secuestro patrocinado por un Estado sería considerado un acto de agresión según la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, y constituiría un ataque armado que habilita el derecho a la legítima defensa (Artículo 51).
Hoy el foco es Nicolás Maduro. Mañana podría ser cualquier líder que desafíe los intereses de los centros de poder global. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿Para qué sirve el derecho internacional si no puede aplicarse a todos por igual? Su credibilidad se resquebraja cuando se percibe como un instrumento de los poderosos para disciplinar a los débiles, mientras se hace la vista gorda ante las transgresiones de aliados estratégico.
Esta selectividad es aún más evidente cuando observamos a aliados clave. ¿Será objeto de similar presión Qatar, por ejemplo? Su Emir, Tamim bin Hamad Al Thani, gobierna desde 2013 sin elecciones en un sistema monárquico absoluto. Sin embargo, su papel como proveedor energético clave y actor diplomático lo protege de campañas de deslegitimación comparables. Esto no es una defensa de un sistema sobre otro, sino una constatación de que el nivel de exigencia democrática y de escrutinio moral varía dramáticamente según la geopolítica y los intereses en juego.
Vivimos, pues, en una era de moralidad geopolítica: un sistema donde la valoración de los hechos —violaciones de derechos humanos, déficits democráticos, agresiones— depende menos de su naturaleza intrínseca que de la alineación y el poder de quien los comete. Salir de este "mundo al revés" exige recuperar la brújula de principios universales, aplicar el derecho internacional con imparcialidad y cultivar un periodismo y una ciudadanía crítica capaz de ver más allá de las narrativas interesadas. Solo así podremos enderezar, aunque sea un poco, un planeta que camina patas arriba.
