El lunes de esta semana, el presidente Luis Abinader designó a Antoliano Peralta Romero, hasta entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como ministro de Justicia.
Esto marca el renacer, en aplicación de la Ley no. 80-25, de un ministerio que había sido anulado mediante la Ley 485 de 1964.
Pienso que este es un paso bueno y necesario. Contrario a lo que podría pensarse, el ministro de Justicia no se dedica a ofrecer opiniones jurídicas al Presidente de la República, eso es ámbito del Consultor Jurídico, sino a servir de institución encargada de servirle de enlace al Ejecutivo con las instituciones y poderes participantes del sistema de justicia y ejercer funciones propias de un ente que responda a la Administración Pública en sentido general.
Es por eso que la verdadera distorsión es el hecho de que, en los más de 60 años transcurridos desde la eliminación del Ministerio de Justicia, sus funciones han estado sobre todo concentradas en la Procuraduría General de la República.
Esto tuvo como consecuencia contradicciones importantes e insalvables. Por ejemplo, era a la Procuraduría General de la República que le correspondía la administración del sistema carcelario. Con esto se convertía en guardián de las personas cuya condena buscaba. Esto no sólo representaba una carga institucional muy pesada, sino que también, cuando había sido dictada prisión preventiva, ponía en manos de una parte en los procesos las condiciones en las cuales la otra parte podía reunirse con sus defensores. Esto ha sido objeto de censura por el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, también recaía sobre la Procuraduría General de la República la función registral relacionada con las asociaciones sin fines de lucro y las certificaciones de documentos oficiales y notariales.
La última de las funciones que, afortunadamente, han pasado al Ministerio de Justicia es la representación del Estado ante los tribunales, especialmente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y los foros arbitrales.
Esto era inevitable luego de que la reforma constitucional de 2024 corrigió la distorsión que confundía la representación de la sociedad, que corresponde al Ministerio Público, con la representación de la Administración Pública.
Estas funciones pueden ser contradictorias, dependiendo del caso concreto.
Lo cierto es que es buena noticia la puesta en marcha del Ministerio de Justicia. Esperemos que pueda ser exitoso desde el primer día.
