El mejor momento para una política migratoria integral

La crisis migratoria global ha colocado a República Dominicana en un escenario ideal para fortalecer su política migratoria sin recibir la tradicional presión de gobiernos y organismos internacionales.

El descontrol en las fronteras y el impacto social y económico que ha generado la migración en países más influyentes han obligado a sus gobiernos a endurecer sus posturas, lo que otorga a nuestro país mayor margen de acción para reforzar sus controles sin ser blanco de condenas injustificadas.

En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado un desborde migratorio sin precedentes. La crisis en la frontera con México ha derivado en un aumento alarmante del ingreso de migrantes irregulares, lo que ha provocado que ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles colapsen en la gestión de albergues y servicios sociales.

La administración de Joe Biden aplicó algunas medidas para controlar la situación, pero su enfoque fue visto como insuficiente por amplios sectores de la sociedad estadounidense, lo que ha alimentado el discurso antiinmigración y fortalecido la posición republicana.

Ahora, con el regreso de Donald Trump al poder, están vigente la implementación de políticas migratorias mucho más radicales, incluyendo deportaciones masivas y restricciones severas en la frontera sur, una postura que sirve de aval para que otros países, incluyendo República Dominicana, refuercen sus propios controles sin temor a represalias.

Europa tampoco ha estado exenta de esta crisis. Durante años, ha sido el destino de miles de migrantes africanos que arriesgan sus vidas en travesías marítimas peligrosas con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.

Países como Italia y España han sido los principales puntos de llegada, con un flujo constante de embarcaciones llenas de personas que huyen de la pobreza y la violencia en el continente africano.

Este fenómeno ha provocado un giro político en la región, con el crecimiento de partidos de derecha que promueven políticas migratorias más estrictas y rechazan el enfoque tradicionalmente más tolerante de los partidos liberales, a quienes acusan de tener una postura débil y de permisividad extrema ante la crisis.

Este contexto internacional favorece a República Dominicana para implementar una política migratoria más integral y efectiva, que no se limite a la simple repatriación de indocumentados, sino que aborde el problema desde distintos frentes. Uno de los principales desafíos es mejorar el control en la frontera con Haití. Si bien el Ejército anuncia con frecuencia la detención de migrantes irregulares justo en la frontera, esto solo evidencia que los controles actuales no están siendo suficientes.

Se necesita una vigilancia más estricta y sanciones más severas contra los traficantes de personas. No tiene sentido que autobuses del transporte público sigan trasladando haitianos sin papeles sin enfrentar consecuencias. La incautación de estos vehículos y la aplicación de penas más duras para quienes faciliten el tráfico ilegal de migrantes deben ser parte de la solución.

Además, es urgente abordar el problema de las parturientas haitianas en los hospitales y la presencia masiva de niños haitianos en el sistema educativo público, lo que en muchos casos ha desplazado a niños dominicanos. No se trata de discriminar, sino de priorizar el uso de los recursos del Estado para quienes realmente tienen derecho a ellos y evitar que los servicios públicos colapsen.

Otro aspecto clave es regular de manera efectiva la contratación de mano de obra extranjera, permitiéndola únicamente en sectores donde realmente se necesite, como la construcción y la agricultura.

Esto debe hacerse bajo una estricta fiscalización para garantizar que los empleadores respeten los límites establecidos por la ley y evitar que sectores como el turismo y el comercio sigan ignorando el 80-20 en la contratación de personal dominicano y extranjero.