Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La semana pasada se cumplieron cuatro años de la declaración de emergencia nacional por el entonces presidente Danilo Medina como respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Decisión que fue inmediata y duramente atacada por muchas personas públicas, incluyendo reputados abogados porque, en su opinión, era innecesaria y, por lo tanto, un abuso de poder.
Todo esto ignorando la naturaleza, alcance y oportunidad de los estados de emergencia en nuestro ordenamiento jurídico. Sin hablar de que no tomaron en cuenta el peligro representado por la pandemia.
Por suerte, el nuevo gobierno desoyó esas opiniones y continuó renovando el estado de emergencia hasta octubre de 2021, cuando consideró que ya no era necesario.
Este tipo de reacciones ocurre porque, con frecuencia, el análisis público de cuestiones jurídicas se ve indebidamente influido por ese terrible mal que afecta a la idiosincrasia dominicana: el cortoplacismo.
Se piensa que todos los problemas se reducen a la manifestación inmediata y concreta que tenemos ante nosotros. Por eso creemos que no necesitaremos un candado, sólo lo compramos cuando ya hemos pagado el precio de no tenerlo.
Traducido a los debates públicos de lo jurídico, es recurrente que las opiniones se expresen como preferencias para el problema inmediato, omitiendo que se puede estar sentando un precedente de pésimos resultados futuros.
No tenemos que retroceder mucho en el tiempo para encontrar otros ejemplos.
Hace algunos meses saltó al tapete el problema de la prisión preventiva y su relación con el hacinamiento en las cárceles.
De manera rauda surgieron voces para las cuales la discusión era extemporánea, por lo que debía ser postergada. Según esta visión cortoplacista, discutir el tema en ese momento podía beneficiar a personas que no eran del agrado de estos opinantes. El después llegó con la tragedia de La Victoria y su terrible precio.
El Derecho tiene como una de sus reglas que las interpretaciones que se hacen hoy, cuando pueden resultar convenientes, son las mismas que en el futuro aplicarán cuando sean inconvenientes.
Por eso es importante que el debate público de las cuestiones jurídicas sea producto de análisis hechos con el ojo puesto en el largo plazo.
Lo contrario es arriesgarse a perder el futuro por ganar contingencias. Esta apuesta, a la corta o a la larga conduce inexorablemente a pérdidas. No debemos hacerla.
