David Álvarez Martín
La sociedad dominicana tiene una inmensa deuda con los millones de dominicanos y dominicanas que ha expulsado del país mediante la miseria, la corrupción que cierra oportunidades de movilidad social, y en su momento por la persecución criminal contra los opositores políticos. Y al igual que el sándalo impregna de exquisito olor el hacha que lo corta, nuestros expatriados han enviado a la sociedad que los expulsó miles de millones de dólares y euros, ganados con trabajo duro, para sostener sus familias, exonerando al Estado y al sector privado de gran parte de su responsabilidad de suministrar empleos y servicios, y ayudando a sostener el valor de la moneda dominicana.
La política migratoria de Estados Unidos que decide cuando le conviene deportar de su país a cualquier dominicano o dominicana por el motivo que consideren ellos soberanamente no puede ser nunca un criterio de criminalidad, efectiva o potencial, al criollo que retorna.
Resulta perverso que los hayamos expulsado, que como comunidad nos hayan ayudado económicamente y que cuando alguno es deportado -hasta por una infracción de tránsito- el Gobierno los considere responsables de los robos, atracos y asesinatos que ocurren en nuestro país.
Hasta el presente los grandes atracadores conocidos son funcionarios gubernamentales, que dudo alguno sea un deportado, pero sí a muchos les ha sido retirada su visa americana por la evidencia pública de su actividad delictiva, mientras los tribunales del país los cubren con el manto de la impunidad.
Los grandes casos de drogas están relacionados con oficiales policiales y militares, que hasta donde yo sepa tampoco caen en la categoría de deportados. Los atracos callejeros están relacionados con jóvenes a quienes el Estado les niega oportunidades de empleo y educación.
Reducir el crimen en el país implica atacar de lleno a la corrupción y la impunidad que la cubre, ofrecer oportunidades de estudio y empleo a la juventud, fortalecer la integridad de los cuerpos policiales mediante salarios y profesionalismo, y que el liderazgo político y empresarial asuma en su vida privada y pública los valores de la honradez y la sencillez de vida.
Lo que hasta ahora he escuchado en los medios de comunicación son tonterías para mantener la situación presente de inseguridad ciudadana y expoliación de los contribuyentes.
Y un hecho de la mayor gravedad posible es que el Presidente de todos los dominicanos y dominicanas acuse de criminales a un sector de la población que él ha jurado solemnemente proteger y garantizar sus derechos bajo el amparo de la Constitución.
Nunca debió emitir ese juicio carente de fundamento y traicionando su responsabilidad constitucional. Su deber es garantizar la seguridad ciudadana tomando medidas que respondan a las verdaderas causas y obligando al ministerio público, que está bajo su mando, a perseguir los verdaderos maleantes, aunque sean parte de su gobierno o su partido.
Y además crear las condiciones sociales y económicas para que no se generen actividades delictivas debido a la desigualdad social, especialmente entre los jóvenes.
