El Gobierno pierde el control frente a la delincuencia y ya no hay tiempo para seguir improvisando

Los hechos ocurridos recientemente en el país vuelven a poner en evidencia una falla que ya no puede explicarse como un episodio aislado: el Gobierno está reaccionando después de que la delincuencia actúa, cuando su responsabilidad es anticiparse, prevenir y proteger.

La seguridad pública no se administra llegando después de cada tragedia. Cuando el miedo modifica la forma en que las personas salen de sus casas, recorren sus barrios, cierran sus negocios o regresan de noche, estamos ante algo más profundo que una discusión estadística: existe una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública.

El Gobierno insiste en presentar la reducción de la tasa de homicidios como el principal argumento para demostrar sus avances. Pero ningún indicador, por importante que sea, como la tasa de homicidios, puede constituir una explicación suficiente. Se debe tomar en consideración la victimización, los robos, los asaltos, la violencia territorial, el microtráfico, las desapariciones, los feminicidios y el temor con que vive la mayoría de las provincias.

Ahí está la contradicción que el Gobierno no logra resolver: mientras presenta cifras para demostrar avances, los hombres y las mujeres del país continúan reclamando seguridad en las calles y tranquilidad en sus hogares.

Y frente a esa realidad se repite el mismo patrón: ocurre un hecho grave, se convoca una reunión, se anuncia un operativo, se ofrece una explicación y se promete una nueva respuesta.

Eso no es una política preventiva, es una conducción política estratégica que sigue llegando después de los hechos.

El problema no es la falta de autoridad del Estado. El problema es la improvisación ya demostrada, que ahora quiere ser sustituida por una política de mano dura reactiva. Vivimos en un Estado democrático y de derecho, y la respuesta frente a la delincuencia debe ejecutarse con firmeza, pero también con respeto a la Constitución, al debido proceso y a las garantías fundamentales.

La seguridad pública exige anticipación: inteligencia territorial, patrullaje basado en evidencia, identificación temprana de puntos críticos, intervención social, control de armas y coordinación institucional permanente.

La Policía Nacional cumple una función esencial, pero no puede cargar por sí sola con una responsabilidad que corresponde a la conducción política de la seguridad pública. El Ministerio de Interior y Policía, responsable de diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar una política preventiva capaz de demostrar resultados antes de que los hechos ocurran.

Cuando la respuesta oficial llega después de la tragedia, como está ocurriendo, cuando los operativos sustituyen la prevención y cuando cada nuevo episodio obliga a comenzar otra vez, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser de conducción.

El país no necesita más ensayos; para ensayar han pasado seis años; necesita una política de seguridad capaz de anticiparse, intervenir a tiempo y producir resultados verificables.

En seguridad pública, el gobierno gobierno llegar después de los hechos sigue siendo llegar tarde.