Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, en catorce comunidades autónomas.
El acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior, comprende emergencias registradas en Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Incluye los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
La declaración incluye los incendios de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Toledo que motivaron el pasado 23 de julio la declaración de emergencia de interés nacional, la primera adoptada en España por incendios forestales. También incorpora el fuego de Vall d’Uixó (Castellón), cuyas labores de extinción continúan, al igual que en los anteriores.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que los incendios han causado ya «más de una decena de víctimas mortales» y ha subrayado que el pasado año también resultó «particularmente difícil» para los servicios de emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil y para los habitantes de los territorios afectados.
«¿Qué más tiene que pasar, qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?», se ha preguntado Sánchez en referencia al pacto de Estado propuesto por el Gobierno durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros para hacer balance del curso político.
«La emergencia climática mata»
El presidente ha afirmado que «la emergencia climática mata» y el negacionismo «desarma» a quienes deben proteger a la población, porque impide anticipar «la envergadura del desafío».
Entre los sucesos más graves declarados como emergencia de protección civil figura el incendio de Los Gallardos, en Almería, que causó trece fallecidos y cuantiosos daños materiales.
También durante el mes de abril se registraron incendios forestales en Galicia y en Asturias, entre los que destacó el incendio forestal declarado en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, que alcanzó la situación operativa 2 y requirió el apoyo de medios estatales.
El acuerdo recoge además emergencias provocadas por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, desprendimientos, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas. También incorpora, fuera del periodo general, los fuertes vientos ocasionados en Cataluña por la borrasca Marta el pasado 9 de febrero.
La declaración permite a los damnificados solicitar las ayudas gestionadas por Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de las corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
También podrán subvencionarse las prestaciones personales o de bienes realizadas para responder a las emergencias y aprobarse exenciones de las tasas por duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados.
Asimismo, la declaración abre la vía a beneficios fiscales, medidas laborales y exenciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Hacienda podrá establecer exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas.
Habrá ayudas por un importe de hasta el 50 por ciento a los proyectos que ejecuten las entidades locales.
Los incendios forestales han calcinado más de 170.000 hectáreas en España en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la quemada durante el mismo periodo de 2025, ha recordado Sánchez durante su intervención.
A su juicio, «no es aceptable» aplicar recortes en las políticas de mitigación y adaptación climática, ni tampoco que falte colaboración entre las administraciones en la prevención y reconstrucción de las zonas afectadas.
Sánchez ha insistido en la necesidad de lograr la unión de todas las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad en torno a este objetivo común.
El presidente ha recalcado que la emergencia climática es una prioridad y ha destacado que el Ejecutivo ha reforzado su dispositivo para afrontarla.
El decreto de vivienda, para septiembre
El Gobierno tenía previsto también aprobar un real decreto ley sobre vivienda que finalmente ha pospuesto a septiembre tras constatar que carecía de apoyos para ser avalado por el Congreso.
Se prevé que el Consejo apruebe el proyecto de ley orgánica de integridad pública, y un anteproyecto para proteger de posibles represalias a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su empresa.
La agenda de la reunión incluye igualmente ayudas por importe de 45 millones de euros para alojamientos universitarios asequibles.
Los presupuestos
Son medidas que las fuentes citadas han subrayado que evidencian que se sigue dando contenido a la legislatura cuando se está a punto de entrar en su último curso político.
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