Altagracia Suriel
Llama la atención la advertencia del presidente Luis Abinader a la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que el “gobierno no es un botín político” y de que “quien quiera servir, va a poder servir, donde esté capacitado y donde pueda hacer un servicio al país”.
Aunque, como plantean Josep María Valles y Salvador Martí Puig, uno de los recursos básicos de los partidos políticos son los cargos públicos, y entre sus funciones relevantes está la de ser agentes de reclutamiento y formación del personal político que luego ocupa o aspira a ocupar posiciones en las instituciones del Estado, para un gobierno es imposible asumir como empleados a la mayoría de los militantes de un partido.
La afirmación del Presidente de que el gobierno no es un botín expresa un cambio de paradigma basado en la función pública como un servicio que se hace con capacidad y no como una prerrogativa exclusiva del partido que gana unas elecciones.
También rompe con la tradición partidista expresada en prácticas clientelistas que conciben el Estado como patrimonio de los que detentan el poder y con la cultura política de súbdito propuesta por Gabriel A. Almond y Sidney Verba, que es evidenciada en individuos expectantes de decisiones institucionales en tanto afectan a sus intereses y no necesariamente a la colectividad.
Superar la concepción del gobierno como botín, además de requerir una transformación cultural, implica fortalecer la economía para que genere más empleos de calidad y el Estado no sea el protagonista de la empleabilidad en el país como lo ha sido por décadas y en todos los gobiernos.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, el 19 por ciento de los cotizantes del sistema de pensiones son de la Administración Pública y la Defensa, lo que convierte al Estado en el mayor empleador individual, situado incluso por encima del comercio y el sector manufactura.
Lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que aspira a la materialización del trabajo decente y crecimiento económico, no solo es la ruta del bienestar social sino de la institucionalidad, la transparencia y la eficiencia del Estado Dominicano.
