Con apenas un día de diferencia, en esta semana se puso de manifiesto el largo trecho que nos falta por recorrer en el país para que se cumplan las promesas de la Constitución.

Resulta que, en San Pedro de Macorís, un funcionario de Salud Pública incompetente para ello “prohibió” el gagá porque los organizadores no tienen un permiso que la Constitución dice que no necesitan. Su justificación es que esa manifestación religiosa no es coherente con los valores cristianos, cosa que en su opinión es contraria al orden público.

Pero resulta que la Constitución establece la libertad de cultos, que protege a todas las manifestaciones religiosas, no sólo a la dominante. Es por ello por lo que quienes no son cristianos tienen el mismo derecho que estos a vivir y manifestar su religiosidad. No por ser minoría, y quizás precisamente por serlo, quienes participan del gagá tienen derecho a hacerlo. Lo que atenta contra el orden público es que un funcionario pretenda prohibir lo que la Constitución protege.

Pero esta arbitrariedad no es un hecho aislado. El lunes por la mañana, el Defensor del Pueblo se presentó al canódromo con el propósito de investigar denuncias de actos de corrupción en detrimento de los ciudadanos a los que las autoridades les remolcan sus vehículos. Fue recibido a empujones, golpes y trompadas. La prensa que lo acompañaba, también, e incluso los agentes del desorden retuvieron, ilegalmente, las cámaras de algunos periodistas.
Luego del incidente, la DIGESETT publicó un comunicado en el que veladamente responsabilizaba al agredido de la agresión con el argumento de que no había notificado su visita.

En la tarde destituyeron a la coronela encargada del depósito de vehículos incautados. La soga, como siempre, rompió por lo más delgado. Porque, aunque esa destitución era necesaria, la coronela no es la única responsable de la arbitrariedad policial, ni tampoco autorizó el comunicado. Las responsabilidades están en lugares más altos pero la arbitrariedad siempre se refugia detrás de sus mensajeros.

Es mucho lo que nos falta por avanzar; estos dos hechos lo demuestran. Los sistemas constitucionales no sólo procuran estados de Derecho, sino también Estados de derechos. Esto no es sólo una promesa constitucional, es un deber de todos y cada uno de los funcionarios, les guste o no.