Patricia Arache.
Cuando el expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna, abandonó el poder, al cumplir su primer mandato constitucional, desde el año 1996 hasta el 2000, logré que me concediera una entrevista exclusiva en su oficina particular, repleta de anaqueles de libros y de muchos conocimientos.
En aquel entonces, yo trabajaba en un medio de comunicación escrito, de circulación nacional, y la entrevista fue divulgada, además, por otras plataformas importantes, así como por organizaciones de la sociedad civil que, como Participación Ciudadana, desde tiempos atrás trabajan y demandan transparencia y políticas claras en el manejo de los fondos públicos.
No era aquel el mejor momento para la imagen de Fernández. No porque le atribuyeran a él malos manejos, sino esencialmente, porque su círculo de funcionarios no logró granjearse los mayores afectos de una sociedad que, como siempre, y ojalá siga así, reclama un futuro mejor.
Ya, en esa oportunidad, tenía como desafío mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y retornarlo al poder perdido. Obviamente, lo asumió y tuvo buenos resultados, porque al cabo de cuatro años volvieron al poder, en el 2004 y lo retuvieron hasta el 2020.
El 1996 abrió nuevos espacios y visiones en la política dominicana, nadie puede dudarlo. Los dominicanos tenemos que hablar de ese antes y de este después, porque desde entonces, se hicieron populares términos que en el país eran utilizados solo por una élite académica, política, empresarial, económica y eclesiástica.
Sociedad civil, consenso, ciudadanía, alternabilidad, poder ciudadano, participación, institucionalidad, protección social, derechos colectivos, derechos de tercera generación, acuerdos, negociación y, otra que sigue teniendo tanta vigencia como antes, y que surgió de la creatividad popular: “bajadero”, son solo algunos.
Entre otras muchas cosas, pregunté al exmandatario, quien además ostentaba la presidencia del PLD, si la creación de órganos públicos para la lucha contra la corrupción administrativa, que impulsó en su gestión (1996-2000) no lo había puesto en el lugar de “crear filo para su propia garganta”.
Impávido y sereno, como luce casi siempre en su vida pública, el ahora fundador y líder de la Fuerza del Pueblo (FP) respondió con un rotundo “¡NO!”.
Le mencioné la creación del Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC) el 24 de julio, mediante el decreto 322-17 y que hoy, años después, todos conocemos como PEPCA, Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa.
Si hacemos un repaso por nuestra historia política, nos damos cuenta de que muchas cosas han cambiado; unas para bien, otras, no tanto.
Algunas más se mantienen incólumes, como si se desconociera el paso del tiempo, como si a nadie le importara o como si la jerga urbana del “na´en ná” y el “to´e tó”, tuviera mucho más valor que cualquier otra cosa.
Gracias que la historia nos permite, también, hablar de personalidades tan ilustres y respetables como el décimo noveno presidente de la República Dominicana, Ulises Francisco Espaillat Quiñonez, cuyo gabinete fue conocido como el «de los Apóstoles».
Historiadores lo definen como el más excelso, completo y luminoso que ha estructurado un gobernante en la historia de la República Dominicana.
Su ejercicio en el poder, que apenas duró cinco meses y cinco días, desde el 29 de abril hasta el 5 de octubre de 1876, dejó una estela de orgullo y de moralidad.
Por eso, cada 29 de abril, en la República Dominicana, es el Día Nacional de la Ética Ciudadana, instituido por el decreto 252-05, emitido por el Poder Ejecutivo. (Nótese que no solo se trata de la ética pública, es la de todos).
