Carlos Salcedo
Las discusiones en torno a las mandatorias modificaciones a la Ley de Seguridad Social, núm. 87-01, no pueden dejar de lado la viabilidad y el futuro del Sistema de Seguridad Social Dominicano.
Entre otras reformas, se plantea la mejoría de la gobernanza del sistema, como la reducción del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Igualmente, la mejora de la protección social, lo que implicaría la ampliación de la cobertura, tanto en salud personal, riesgos laborales, retiro y muerte como la inclusión de más personas al sistema de beneficios. En suma, se busca la adecuación, actualización, consolidación y expansión del sistema.
Pero esto amerita una visión integral. Por un lado, el sistema debe garantizar mecanismos eficientes de registro, mayor inclusión, equidad y universalidad. Pero sin sostenibilidad económica cualquier modificación para su ampliación sería una farsa politiquera.
Como escribí en septiembre de 2018 lo que la clase política dominicana sabe y no quiere decir, es que parece que la única manera de que a largo plazo el Sistema de Seguridad Social actual no colapse es mediante el recorte en los programas sociales del gobierno o mediante el incremento de impuestos. Pero, reconozco que esto puede constituir casi un suicidio político, más en este período, previo a la apertura oficial de la campaña electoral que se avecina.
Tenemos altos niveles de informalidad en nuestra economía, más del 55%, personas que no ahorran lo suficiente para el retiro, no cuentan con ningún tipo de plan de salud, ni forman parte de la economía formal y con un nivel de desempleo elevado con relación a la región de más de un 5%.
Ahora bien, tenemos un bono demográfico, es decir, más del 30% de la población dominicana está en el rango de 15 a 34 años, lo que implica que tenemos una gran cantidad de personas en edad productiva. Aquí lo destacable es que en ese rango poblacional hay una tasa de desempleo de alrededor de un 30%.
Una reforma del sistema de seguridad social que ignore, en todo o en parte, estas variables, sería realizada prácticamente en el vacío. Si la modificación incrementa los gastos del gobierno, ¿cuál es el planteamiento serio de tener un sistema viable, solvente y con capacidad real para asegurar el bienestar de las familias, los envejecientes y la salud de los ciudadanos?
La clave para que los usuarios tengan más opciones en el sistema, contando con la competencia leal de prestadoras de servicios de salud, garantizando la calidad de los servicios y estabilidad de los precios, además de pensiones dignas, funcionará solamente en el corto plazo, con dudosos estándares de calidad y predictibilidad en los servicios.
Si, como adelanté en 2018 el sistema irá colapsando en la medida en que el Estado no pueda contar con los recursos necesarios para cubrir a una población que se incrementa, exige legítimamente más y mejores servicios públicos, si no establece políticas públicas estatales que impulsen el ahorro individual y el acceso de la población en la economía formal y a instrumentos financieros de inversión eficientes que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo, ¿qué no sería ahora con mayores apuestas de recursos sin clara identificación de sus fuentes y sin sostenibilidad en el tiempo?
Los diputados y senadores representan los intereses de todos. Ya han pasado 22 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Social y sin dudas que la ley precisa de cambios importantes. Pero la salud y el retiro son de los asuntos más importantes de la vida del trabajador para hacer política circunstancial con ellos.
Las decisiones sobre la salud y los fondos necesarios para el retiro deben tomarse lo más temprano posible en la carrera de la persona. Esto quiere decir que las opciones de planes de ahorro e inversión, los mecanismos de registro en los planes del gobierno, deben estar prediseñados y habilitados de manera que puedan incluso beneficiar automáticamente a quien no tome o no quiera tomar ninguna decisión al respecto durante su vida productiva.
Por eso la importancia de los impulsos desde el Estado de políticas empresariales orientadas al bienestar laboral, incentivando mediante mecanismos transparentes y eficientes la inclusión en el Sistema de Seguridad Social. Son solo algunos de los fundamentos para una reforma que tenga al ser humano como su centro y la pervivencia eficiente del sistema en el tiempo.
