El 18 de noviembre de 1976, casi al cumplirse el primer año del fallecimiento del general Franco, en España, unas cortes nacidas del propio régimen franquista aprobaron la Ley para la Reforma Política y, en un gesto que la historia ha bautizado como el harakiri del sistema, abrieron las compuertas a su propia disolución.
Un mes después, el 15 de diciembre, el pueblo español refrendó aquella ley de forma abrumadora, y Adolfo Suárez, elegido en principio por el rey Juan Carlos I, pudo conducir al país hacia las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de 1978.
Cincuenta años después de estos históricos acontecimientos, casi en la misma semana del calendario, España vuelve a las urnas. La coincidencia, además de cronológica, convoca al cuestionamiento sobre el espíritu de concordia que convirtió a una de las más prolongadas dictaduras en una de las democracias más sólidas de Europa.
Las elecciones generales del 29 de noviembre se constituyen en el desenlace más prolijo ante una legislatura agotada y esquilmada. El pasado 2 de octubre, el Congreso echó abajo los decretos de vivienda del Gobierno con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, en una votación de 172 contra 178. Tres días después, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, disolvió las cortes mediante el Real Decreto 806/2026 y adelantó unos comicios previstos para 2027. Era el reconocimiento tácito de que la mayoría de 179 votos que lo invistió en noviembre de 2023 había dejado de existir como instrumento de gobierno. Cerca de 38.7 millones de españoles están llamados a elegir 350 diputados, tras una campaña que se extiende del 13 al 27 de noviembre.
La vivienda como eje de conflicto
La vivienda se ha convertido en el eje del debate, y en una herida generacional de la España contemporánea: jóvenes desprovistos de autonomía, alquileres que devoran salarios y una clase media que siente que el contrato social de sus padres, el de la España de propietarios, se ha roto. Los socialistas defienden un parque público ampliado y la continuidad de la protección al inquilino; los populares prometen movilizar suelo, construir masivamente y aliviar fiscalmente la compra para los jóvenes; Vox, desde la extrema derecha, suma la vivienda a sus banderas de pensiones e inmigración.

A ello se han añadido otras crisis que han golpeado la agenda del Ejecutivo, que van desde casos de corrupción, hasta la tensión migratoria en Ceuta y las tragedias ferroviarias de Adamuz, en Córdoba, el 18 de enero, con un saldo fatal de 46 personas, y el más reciente accidente de Urda, en Toledo, el pasado mes de octubre, comprometiendo la vida de 69 ciudadanos.
Relatos de una campaña ácida y tensa
La conducción de la campaña revelan dos lecturas opuestas del país. Pedro Sánchez ha planteado la elección como una disyuntiva entre avanzar o retroceder, y presenta a España como un baluarte frente a la ola de nuevas derechas que recorre Occidente.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, la plantea como una exigencia de cambio y de reconstrucción institucional tras años de cesiones a los socios nacionalistas. Estos relatos tienen su base social, y ambos expresan la esencia de una polarización que la historia recoge de la España de 1976: un nivel más dramático de confrontación, pero que se supo encauzar mediante el diálogo.
De las urnas pueden salir cuatro escenarios. El primero, y más probable según los sondeos, es una mayoría absoluta de PP y Vox, que obligaría a definir si se trata de un gobierno de coalición o de un apoyo externo, con las tensiones programáticas que ya se han visto en varias comunidades autónomas.
El segundo es un PP vencedor, pero sin mayoría suficiente con Vox, que tendría que buscar a fuerzas como el PNV o Coalición Canaria, poco inclinadas a pactar con la extrema derecha. El tercero es una remontada socialista que, aun sin ganar, permita reeditar una mayoría plural con el nacionalismo vasco y catalán, una aritmética más improbable que en 2023. El cuarto, el bloqueo, es el fantasma de la repetición electoral que España ya conoció en 2016 y 2019.
El desafío de fondo, gane quien gane, es recuperar la capacidad de acuerdo. La Transición fue obra de adversarios que comprendieron que el país estaba por encima de sus diferencias: Adolfo Suárez, procedente del régimen franquista; Santiago Carrillo, regresado del exilio comunista; Felipe González, al frente de un socialismo renovado; y Manuel Fraga, desde la derecha, firmaron juntos los Pactos de la Moncloa y redactaron una Constitución de consenso.
Hoy, la política española parece organizada en bloques que se excluyen mutuamente, y esa lógica amenaza con paralizar reformas que requieren mayorías amplias, desde la vivienda hasta la financiación autonómica o la renovación de las instituciones del Estado.
Para América Latina, y en particular para República Dominicana, lo que ocurra en España no resulta ajeno. El Reino de España es la puerta de entrada para nuestros productos en Europa, destino de una diáspora dominicana numerosa y laboriosa, inversor de primer orden en nuestro turismo y socio cultural con el que compartimos lengua, memoria y destino. La política migratoria, la cooperación iberoamericana y la relación entre la Unión Europea y el Caribe dependerán en buena medida del gobierno que surja el día 29. Por tanto, lo que está en juego en Madrid también se escucha en Santo Domingo.
El futuro de España está escrito en la madurez de su ciudadanía y en la responsabilidad de sus dirigentes. Hace cincuenta años, un país que venía de la guerra y de la dictadura demostró que la democracia se construye con renuncias compartidas y con la voluntad de reconocer al opositor como parte legítima de la nación. Ese es el legado que los españoles pondrán revalidar en los próximos comicios.
Quien escribe, como un seguidor y curioso del estudio de la política española, identifico esta como la lección más valiosa que la Transición ofrece a quienes, a ambos lados del Atlántico, vemos esta ciencia como el arte de convivir.