SAO PAULO.— El fiscal general de Brasil solicitó que a la Corte Suprema que autorice una investigación al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su supuesto papel en una red de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras, informó el martes el tribunal.
El fiscal Rodrigo Janot también quiere investigar al ministro de Comunicación Social Edinho Silva, al ministro de Asuntos Políticos, Ricardo Berzoini, y a Jaques Wagner, quien encabeza la oficina de la presidenta, Dilma Rousseff, indicó la oficina de prensa de la corte.
Janot le solicitó el lunes al máximo tribunal del país que autorice una investigación al candidato presidencial opositor Aecio Neves por su presunta participación en la red de corrupción en Petrobras.
Neves perdió las elecciones ante Rousseff en 2014 por escaso margen. Medios de comunicación locales reportaron que Janot también desea investigar a altos funcionarios del partido opositor PMDB, incluido el senador Romero Juca, director de dicho organismo, pero la procuraduría general no confirmó esa información.
De acuerdo con la ley brasileña, la Corte Suprema debe autorizar cualquier investigación de altos funcionarios del gobierno y legisladores.
El máximo tribunal también debe autorizar o no cualquier juicio a esas autoridades. Janot basó su solicitud en los testimonios emitidos por el senador Delcidio do Amaral en un acuerdo extrajudicial, luego de que se vio envuelto en la creciente pesquisa por corrupción.
El testimonio de Amaral también llevó a Janot a solicitarle a la Corte Suprema que investigara a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.
Amaral declaró que Cunha estaba involucrado en una red de corrupción similar a la de Petrobras, en la que compañías constructoras pagaban sobornos a la empresa eléctrica estatal Furnas con el fin de que les otorgaran contratos.
En su solicitud a la Corte Suprema, Janot dijo que Cunha era “uno de los líderes de una organización delictiva” que operaba en Furnas.
Cunha, que también ha sido implicado en la investigación de Petrobras, fue la fuerza impulsora de una iniciativa en la cámara baja para que se le haga un juicio político a Rousseff.
El proceso para ese juicio se encuentra ahora ante el Senado, donde una comisión de 21 integrantes decidirá si sigue adelante con el asunto o no.
Los enemigos de Rousseff argumentan que su gobierno violó las leyes fiscales en un intento por apuntalar el disminuido apoyo popular a su gestión a través de incrementos al gasto público. La presidenta dice que el procedimiento equivale a un intento de golpe de Estado.
