SANTO DOMINGO.-Cuando parecía que para muchos el tema de Joao Santana, este sale de nuevo a la luz en el país con nuevos elementos, como es el pago de más de 1,300 millones de pesos por parte del Gobierno por contratos para elaborar campañas publicitarias.
La diputada opositora –PRM- Faride Raful despertó el ‘fantasma’ de Santana en la política dominicana al solicitar al pleno de la Cámara de Diputados la conformación de una comisión especial para investigar las contrataciones públicas hechas con las empresas de Joao Santa y su esposa Mónica Moura, Polis Caribe y Cine&Art.
La solicitud de Raful encontró el rechazo de los diputados oficialistas, que califican la medida como populismo.
El precandidato presidencial Luis Abinader apoyó la petición de Raful por considerar que la misma está entre las atribuciones del Congreso.
Odebrecht y campaña
Hace apenas un año el Gobierno del presidente Danilo Medina tuvo que lidiar con sectores sociales para demostrar que ninguna de las campañas electorales -2012 y 2016- fueron financiadas por la constructora Odebrecht a través de los publicistas citados.
En su declaración, Mónica Moura afirmó a la justicia brasileña que ella y su esposo nunca recibieron dinero de Odebrecht para los trabajos de campaña que realizaron en la República Dominicana, mientras que desde el oficialismo se mantuvo que los honorarios de Santana fueron pagados por “empresarios amigos” a la campaña de Medina en 2012.
El publicista brasileño dejó los trabajos a favor de la campaña por la reelección en 2015 cuando tuvo que viajar a su país a enfrentar cargos por corrupción.
Finalmente Santana y su esposa Moura fueron condenados por evasión fiscal y se les desestimaron los cargos de corrupción.
Inaceptable
Luis abinader consideró inaceptable para la evolución social, económica y política que debe desarrollar la sociedad dominicana, que el partido de gobierno obstaculice los procesos que deben tener curso normal en instituciones tan fundamentales para la vida democrática de un país, como es el Congreso Nacional.
Los documentos aireados por Raful le fueron entregados por la Contraloría General de la República tras una solicitud que hiciera la legisladora amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información.
Los documentos mostrados por Raful indican que las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art comenzaron el mismo 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero de 2017, once meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo.
