LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional confirmaron el jueves los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por las mortales campañas antidroga que presuntamente supervisó mientras estuvo en cargos de responsabilidad.
Un panel de tres jueces determinó por unanimidad que existían “motivos sustanciales” para creer que el exmandatario era responsable de decenas de asesinatos, primero como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente de 2016 a 2022 .
Duterte, de 81 años, fue arrestado en Filipinas el año pasado. Niega los cargos en su contra.
En su decisión de 50 páginas, los jueces determinaron que las pruebas muestran que Duterte “desarrolló, difundió e implementó” una política “para ‘neutralizar’ a presuntos criminales”.
Según los fiscales, la policía y miembros de escuadrones de la muerte llevaron a cabo decenas de asesinatos por orden de Duterte a partir de 2011 , motivados por la promesa de dinero o para evitar convertirse ellos mismos en objetivos.
“Para algunos, matar alcanzó el nivel de una forma perversa de competencia”, dijo al tribunal el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang durante las audiencias preliminares en febrero.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6.000 que ha reportado la policía nacional hasta hasta 30.000, según grupos de derechos humanos.
Los fiscales dijeron en un comunicado el miércoles que la decisión “representa un hito significativo” en su esfuerzo por exigir rendición de cuentas.
El principal abogado defensor de Duterte, Nick Kaufman, dijo a The Associated Press que estaba decepcionado con la decisión, afirmando que “se basa en las declaraciones no corroboradas de asesinos despiadados autoconfesos que actúan como testigos cooperantes”.
Aún no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio.
Duterte no ha estado presente en la sala del tribunal en ninguna audiencia, tras haber renunciado a su derecho a comparecer. El mes pasado, los jueces determinaron que estaba en condiciones de ser juzgado, después de posponer una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud.
En Filipinas, familias de las víctimas asesinadas en la brutal campaña antidroga celebraron la decisión, diciendo que los acercará a la justicia y hacia el cierre de un capítulo trágico en sus vidas.
“Esto es por todas las víctimas, a quienes ni siquiera se les dio la oportunidad de ser reconocidas como víctimas porque sus historias fueron tergiversadas en informes policiales, investigaciones y conclusiones”, dijo Randy delos Santos, cuyo sobrino, Kian delos Santos, fue abatido a tiros en un callejón en agosto de 2017 por tres agentes de policía.
“A diferencia de Kian, la mayoría de las otras víctimas no tenían nombre, no tenían voz y eran sólo números y estadísticas cuyas historias horribles nunca se escucharon. Ahora la CPI les dará a sus historias la oportunidad de ser contadas”, dijo delos Santos a The Associated Press.
Los grupos de derechos humanos también elogiaron la decisión.
“El juicio de Duterte enviará un mensaje poderoso de que nadie responsable de crímenes graves está por encima de la ley, ya sea en Filipinas o en cualquier otro lugar, y que la justicia eventualmente los alcanzará”, dijo Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional en Human Rights Watch.
Los fiscales de la CPI dijeron en 2018 que abrirían una investigación preliminar sobre las violentas campañas antidroga. En una medida que activistas de derechos humanos consideraron como destinada a evitar rendir cuentas, Duterte, que era presidente en ese momento, anunció un mes después que Filipinas abandonaría el tribunal.
El martes, los jueces de apelación rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso con el argumento de que el tribunal no tenía jurisdicción debido a la retirada de Filipinas.
En octubre, los jueces inhabilitaron al fiscal del tribunal, Karim Khan, del caso, citando una “apariencia razonable de parcialidad” porque representó a víctimas de los presuntos crímenes de Duterte antes de asumir el cargo en la CPI. Khan ya se había apartado de sus funciones a la espera del resultado de una investigación independiente sobre acusaciones de conducta sexual indebida.
