Según la tesis del eterno retorno nietzscheniano, todo va a repetirse un número infinito de veces. Esto a propósito de la reciente muerte de tres internos y de varios heridos, luego de una trifulca reciente, en la cárcel de La Victoria”, portaestandarte de “El Fracaso” del sistema carcelario dominicano.

Esta película se repite e investigaciones van y bien, sin cesar el fenómeno. Pero, contrario a lo que ocurre con un film en que, animados por el gusto, nosotros no queremos estas repeticiones, pues se trata de muertes y heridas reales.
Los fallecidos son seres humanos a quienes el Estado le ha impuesto una pena anticipada, llamada eufemísticamente prisión preventiva, en la mayoría de los casos, o una pena definitiva, por algún delito; pero con la promesa constitucional de rehabilitación y resocialización.

Armas diversas y negocios a borbotones, realizados en y fuera de las entrañas mismas del centro penitenciario, con la única forma posible de realización: dinero y estructuras mafiosas que extienden sus brazos más allá de los barrotes, con la complicidad de autoridades de la cárcel.

Claro, “La Victoria” es una ciudad reflejo de la sociedad. Ahí se replican los desórdenes derivados de la desocupación, del trabajo asalariado precario y de las limitaciones de la protección social.

El excesivo número de internos debe hacernos reflexionar sobre el crecimiento de la política penalizadora del Estado dominicano, pues en los hechos este sigue con la presión penal, dirigida, sobre todo, a población marginada del mercado laboral y de bajo poder adquisitivo, aun con las excepciones actuales.

En lugar de trabajar por la libertad y de aspirar a clausurar cárceles, la creciente demanda del Estado penitenciario dominicano, con la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público a la cabeza, se clama por llenarlas de presos preventivos, con lo cual el modelo de rehabilitación de los internos, basado en la garantía de los derechos básicos y la oportunidad de aportar a la sociedad desde diversas profesiones, fracasa.

Como la mayoría de los “internos” son pobres, tendrá que llegar el momento en que la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia de derechos humanos tengan cabida en el sistema de justicia y en quienes prometen y deben cumplir con el Estado Constitucional de Derecho.