Altagracia Suriel
Uno de los enfoques relevantes del liberalismo político y económico es la existencia de un Estado mínimo que garantice los derechos fundamentales de las personas y proteja la propiedad privada.
La esencia de la democracia liberal es la afirmación del individualismo expresado en el ejercicio de las libertades en todas sus manifestaciones, especialmente la libre empresa que genera crecimiento económico y progreso.
Desde el punto de vista de los teóricos del liberalismo económico, el Estado dominicano actual sería un Estado grande por el nivel de intervención que tiene en las vidas de las personas. Influye tanto que el gobierno es el principal empleador.
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística del 2023, la Administración pública y Defensa son la mayor fuente de empleos formales del país registrando 668,931 empleados.
El gobierno dominicano emplea más que todas las empresas asociadas a sectores del comercio, la industria, los servicios, el turismo y las demás áreas de intervenciones empresariales. En una economía fuerte los empleos los generan las empresas, no la administración pública.
Adam Smith planeaba que un Estado grande se convertía en ineficiente y corrupto. Mayor visión no pudo tener el padre del capitalismo. En los estados grandes como el nuestro hasta las elecciones se convierten en mercado de alianzas para empleos y el ejercicio del poder en la perpetuación del lastre del clientelismo.
Parece ser que en el país, el Estado grande se está empezando a convertir en un Estado mínimo partiendo de los objetivos de las reformas que se han iniciado.
Estos objetivos son, según el gobierno, la optimización de recursos para permitir liberar recursos financieros y humanos, redireccionando hacia áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana; mejorar la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos; eliminar las duplicidades, suprimiendo entidades cuya razón de ser ya no existe o pueden ser asumidas por otros organismos, y por último, la reducción de la burocracia en favor de una estructura estatal más simple y una administración más ágil y efectiva.
Si a lo que se aspira con las reformas y la unificación de las instituciones es a reducir el Estado y hacerlo más eficiente y garantista del bienestar social, vamos por buen camino.
