Quien así se expresa es el expresidente peruano Alberto Fujimori, 18 años después de haber dejado el poder.
Para quienes no saben o lo han olvidado, Alberto Fujimori gobernó Perú de 1990 a 2000, con tantos poderes que se mandó a cerrar el Congreso cuando no le aprobaron la reelección para un tercer mandato, pese a que la Constitución solo le permitía dos períodos.

Además de cerrar el Congreso, el 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió militarmente el Poder Judicial. También enfrentó con éxito a los grupos rebeldes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru; y supo capitalizar esta hazaña para su repostulación en 1995.

Con tanto poder concentrado parecía invencible.

Sin embargo, tras aquella pose de hombre fuerte se escondía su verdadera naturaleza de gobernante autoritario, violador de los derechos humanos y, sobre todo, el gran corrupto dispuesto a sobornar y chantajear a empresarios, congresistas y líderes políticos, especialmente opositores.

Fujimori consolidó un régimen cívico-militar represivo, en el que jugó un papel protagónico su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, el hombre responsable de entregar sobornos que grababa en videos que posteriormente fueron filtrados a la prensa.

Con relativa facilidad logró su reelección en 1995. A pesar de que la Constitución peruana de entonces limitaba a dos los periodos presidenciales consecutivos de un mismo mandatario, Fujimori se postuló a las elecciones de 2000 alegando que esta disposición había entrado en vigor durante su primer mandato, y por tanto esta nueva candidatura era su primera reelección (cualquier parecido con República Dominicana es pura coincidencia). Ganó, pero las cosas no salieron como esperaba.

Al poco tiempo tuvo que huir del país. Se refugió en Japón, que le reconoció la nacionalidad nipona por su origen. Nueve años después fue apresado en Chile y repatriado a Perú, donde como ya dijimos fue condenado a 25 años de cárcel.

Fujimori fue hallado culpable por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en Lima en 1991 y 1992; y por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos ocurridos también en 1992.

El año pasado, en una jugada política, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le concedió el indulto “por razones humanitarias”.

Todo el mundo percibió aquel indulto como un “pacto por la impunidad” entre Kuczynski y el fujimorismo en la persona de Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente, para evitar la destitución de Kuczynski, lo cual finalmente no pudo evitar, pues la ola anticorrupción se lo llevó de paro y el nuevo presidente ha dejado sin efecto el indulto, por lo que Fujimori deberá regresar a la cárcel.

Hoy, ya un anciano de 80 años, Fujimori está postrado en la cama de una clínica de Lima rogando que no lo manden de nuevo a la cárcel. “No me condenen a muerte, yo no doy más”, imploró.

Así llega a su final un hombre que mientras estuvo en el poder se creyó por encima de la ley, de los partidos y de la Constitución de su país.

El caso Fujimori es un espejo donde deberían verse reflejados otros políticos.