Jesús Díaz
El momento que vive el país en materia de democracia sigue siendo cuestionable, sobre todo cuando las denuncias que realizan los periodistas sirven para que estos sean demandados, perseguidos y acosados por el mismo sistema judicial, encargado de investigar esas denuncias.
Es entendible que al poder político no le guste que se le cuestione, sobre todo cuando se lesionan intereses particulares que perjudican la sociedad, cuando se difama o hay perjuicio contra un funcionario o figura pública, los dominicanos tenemos un marco jurídico contemplado en Ley No. 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Lo que no está contemplado por ley, ni ética ni moramente es que un funcionario de la categoría del procurador general de la República llame al empleador privado de un periodista para que éste cancele sus servicios, dando una muestra clara de un acto de poder y atentado contra el ejercicio periodístico.
Un precepto de todo periodista es actuar apegado por el respeto a la verdad y el derecho que tiene su público de conocer la verdad. Con el periodista Marino Zapete se puede diferir, pero lo inaceptable es inferir miedo desde el poder para callar voces disidentes.
En algún momento el padre de la ética periodística Javier Darío Restrepo, ya fallecido, dijo que el periodismo ético es un oficio al servicio de la sociedad, y la ética en sí misma sigue siendo un desafío constante, por el principio que en ella vive, de que a mayor poder, más responsabilidad.
Hoy fue Zapete, ayer fueron otros y otras que el poder intentó callar y sobornar en perjuicio de la verdad, luego vendrán por nosotros.
