Frederich E. Bergés
Un estudio reciente dado a la luz pública, efectuado para el emisor internacional de tarjetas de crédito VISA, ha revelado que un alto índice de pequeñas y medianas empresas todavía usa el efectivo como su principal medio de pago. Aduce dicho estudio que todavía siete de cada diez empresas en estas categorías siguen apegadas al efectivo en sus transacciones comerciales.
Esta situación crea múltiples perjuicios. En primer lugar, tal práctica las mantiene excluidas de la formalidad, sin las bases necesarias para su incorporación al mundo del crédito institucionalizado.
Las aleja de las posibilidades de decisiones racionales basadas en registros de volúmenes y costos, privándolas, además, de las posibilidades de incorporación a esquemas de protección como el seguro social.
La falta de bancarización, esto es el uso de instituciones bancarias y los medios de pago que ellas facilitan, se debe a varios factores, que sin establecer prioridades podemos citar, como el desconocimiento no tan solo de las ventajas que representa la formalidad, sino del propio uso y aplicación de cuentas bancarias y registros contables.
La segunda, y en muchos casos la más preponderante, es la posibilidad de escaparse del registro, control y aplicación de las leyes impositivas directas, como el caso de ingresos personales o por actividades comerciales. Sin dudas que la complejidad de las mismas ayuntan, pero también pesa mucho la inconformidad o percepción de la aplicación de las recaudaciones a todo lo largo del tren de gestión público.
Esta situación de alto uso del efectivo, a pesar del esfuerzo bancario de la creación e incorporación de un sinnúmero de subagentes y programas de capacitación, también perjudica el empleo. Ello así, ya que al pagar en efectivo los aleja de los esquemas de protección social, y también de protección legal en casos de despido o desahucio.
Los esfuerzos por formalizar este sector de pymes, que representa más de la mitad de la actividad económica del país, deben reforzarse, en bien de la clase trabajadora, empresarial y el bienestar general de la nación.
