Johnny Guerrero
La entrada al territorio de República Dominicana sin visado de uno de sus consulados viola las leyes migratorias dominicanas y el acápite d) del capítulo 5de la Convención de Viena sobre las funciones consulares.
Por la frontera dominico-haitiana penetran diariamente centenares de indocumentados haitianos, lo cual ha ocasionado que la presencia de estos inmigrantes sea notoria en todo el territorio nacional, donde se dedican a diversas actividades económicas.
El Estado dominicano está en el deber de deportar de su territorio, dentro del marco del debido proceso de ley, a todo extranjero que resida en el país y carezca de los documentos que lo acreditan, ya sea como residente permanente, visado de turista o bajo cualquier régimen que contemple la ley. Existen muchos casos especiales, de personas que vinieron al país bajo contratos de trabajo suscritos entre el Estado dominicano y el Estado haitiano, y que por diversos motivos se quedaron en el país y procrearon familias, bajo el régimen del “jus solis”, establecido en la Constitución de la República vigente en ese momento.
Ese último caso ha motivado sentencias, tanto en los tribunales de la República como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha originado escándalos internacionales donde el Estado dominicano ha sido acusado de racista y xenófobo.
A raíz de los acontecimientos señalados se han desarrollado los discursos de la “invasión pacifica de haitianos” y la “unificación de la isla”, promovida esta última supuestamente por Estados Unidos, Francia, etc., lo cual ha generado una euforia nacionalista, rayana en el fanatismo, que tilda de “traidor a la patria”a cualquier persona que se aventure a escribir o hablar sobre el tema.
La vigilancia fronteriza es un asunto de interés nacional,y en tal sentido, las autoridades correspondientes deben esforzarse en disminuir a su mínima expresión el ingreso de indocumentados al territorio nacional.
Sería también de interés nacional que alguien presentara evidencias sobre la “trama para unificar la isla”, porque de ser cierto, ese hecho pone en peligro la soberanía nacional y popular, la integridad territorial, el principio de no intervención, la seguridad fronteriza,la división política administrativa del territorio, estipulados en los Artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 de la Constitución de la República.
Sin embargo, en los muchos años que tiene vigente ese discurso de “unificación de la isla” nadie ha presentado las pruebas que le den mérito y lo hagan creíble,para que el pueblo y el Estado dominicano puedan tomar las medidas de lugar.
Ese discurso fue utilizado en su momento para desprestigiara un conocido político, y generalmente, se arrecia en momentos en que se discuten temas importantes para el país; por lo que su puntual empleo puede interpretarse como una forma de distraer la atención ciudadana de las cuestiones fundamentales de la agenda nacional. Con el agravante de que ese discurso exacerba ánimos y puede conllevar a una situación parecida o de mayor relevancia que la ocurrida durante la archiconocida matanza de haitianos durante el régimen trujillista.
