En una economía pequeña, abierta y altamente dependiente de las importaciones energéticas como la República Dominicana, los choques geopolíticos colocan al Gobierno frente a una decisión difícil: permitir que el aumento de los precios internacionales llegue al consumidor o utilizar recursos públicos para amortiguar su impacto.
Los subsidios cumplen una importante función económica y social. Las transferencias a los hogares vulnerables protegen ingresos; el subsidio eléctrico procura contener el coste de un servicio esencial; y el aplicado a los combustibles evita que las perturbaciones externas se transmitan rápidamente al transporte, los alimentos y otros bienes. El problema surge cuando un instrumento concebido como protección temporal se prolonga y aumenta considerablemente su coste fiscal.
El caso de los combustibles ilustra el dilema. Datos oficiales citados recientemente indican que el Gobierno había destinado más de RD$43.300 millones durante 2026 para evitar que las alzas internacionales se transfirieran completamente a los consumidores. Además, más del 80 % de la gasolina, el gasoil y el GLP consumidos en el país se adquieren en el exterior como productos terminados.
Subsidiar reduce el impacto inmediato sobre la inflación y protege el ingreso disponible. Pero alguien siempre paga la diferencia. Si no la paga directamente el consumidor, la asume el presupuesto público. Y cuanto mayor y más persistente sea el choque externo, mayor será el coste de oportunidad: recursos destinados a contener precios no pueden utilizarse simultáneamente en educación, salud, infraestructura o inversión pública.
No se trata, por tanto, de eliminar los subsidios indiscriminadamente. El verdadero desafío consiste en hacerlos focalizados, temporales, transparentes y fiscalmente sostenibles. Los hogares vulnerables necesitan mayor protección que aquellos con capacidad para absorber el incremento.
En tiempos de incertidumbre geopolítica, subsidiar puede ser necesario. El dilema comienza cuando proteger el presente compromete excesivamente los recursos fiscales del futuro. Esto nos plantea que la economía no es solo técnica: es economía política.
Por eso, la pregunta no es solamente cuánto subsidiar, sino a quién, durante cuánto tiempo y a qué coste social y económico para la sociedad.
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