El diálogo en el Senado

Auspicioso y provechoso el camino asumido por el Senado con relación al proyecto de reforma del Código Laboral, que tiene como único punto de conflicto lo atinado a permanecer o eliminar la cesantía o pagos de prestaciones a los empleados del sector privado.

Escuchar a los sindicatos de trabajadores y a representantes de la cúpula empresarial, así como otros sectores interesados, es la mejor vía en la búsqueda de un entendimiento.

Rafael Duluc, presidente de la comisión especial del Senado que estudia la pieza sometida por el Poder Ejecutivo, ha formulado un llamado muy sensato: que no haya “show político” sobre el Código Laboral.

Lo correcto es seguir por el camino del diálogo y que cada quien, no importar los intereses, tenga la capacidad del desprendimiento para que el país pueda tener un Código Laboral ajustado a los nuevos tiempos y proyectado al futuro inmediato.

Retrasar los debates y posibles acuerdos, como ha ocurrido con el Código Penal por el tema del aborto, no sería lo más prudente, cuando en la pieza elaborada por acercamientos entre las centrales, los empresarios y el Gobierno, se contemplan normativas que pudieran tener un impacto positivo en el mercado laboral y en la productividad en el país.

Los empresarios argumentan que la cesantía o prestaciones crecen cada año, lo que incide en la rentabilidad y en la supervivencia del mercado laboral.

Sin embargo, los sindicatos defienden que es una conquista que contribuye a la paz laboral de los empleados, especialmente cuando se prescinde de sus servicios por conveniencia, a veces desconocida, por parte de los empleadores.

Una salida sería que el Congreso Nacional propicie un acuerdo que permita la aprobación del Código Laboral con los puntos consensuados hasta el momento, con el compromiso de que el tema de la cesantía pudiera discutirse en un tiempo prudente, al margen de las pasiones generadas por las presiones del momento y en el fragor de una lucha de intereses.

Lo mejor de todo es que el proyecto se encuentra bajo el estudio de una comisión de senadores, con la posibilidad de una aprobación a partir de enero o en la próxima legislativa, todo dependiendo del consenso que se auspicie en el cambio de diálogo que ha sido abierto, y que no puede cerrarse ni obstaculizarse, en el entorno del Senado.