La evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia empezó con mal pie. A la reunión del lunes, que dio inicio a las entrevistas con los jueces que aspiran a permanecer en la corte, compareció la magistrada Miriam Germán con esos fines.
La ocasión fue aprovechada por el procurador general de la República para cuestionar a la magistrada. Hasta ahí todo bien, puesto que nadie que aspire a permanecer en la Suprema Corte puede considerarse por encima de la crítica.
Sin embargo, lo que hizo el procurador, y la forma en que lo hizo, quedará como un precedente de mal proceder en el Consejo Nacional de la Magistratura.
La andanada de acusaciones se basa en una carta anónima, una denuncia respecto de los bienes de un hijo de la magistrada y la carta de un juez que la acusa de instarlo a cometer prevaricación.
Pero sucede que ninguna de estas “pruebas” fue sometida a conocimiento del Consejo en los plazos y la forma mandados por el reglamento del órgano. Se presentaron de sorpresa, sin que la evaluada tuviera oportunidad de conocerlas y defenderse.
Pero, además, todas las “pruebas” son sospechosas.
En primer lugar, el nivel de detalles de la carta anónima corresponde a un seguimiento casi imposible para un ciudadano común, además de que alude a grabaciones de reuniones privadas.
La legalidad y proveniencia de esos datos está en cuestión, y en el caso de que fueran ciertos lo que demuestran es que la jueza ha sido seguida constantemente durante más de un año. Eso es lo que debería preocupar al procurador.
Fue penoso ver al procurador intentando cuestionar los bienes que presumió que ella escondía al Consejo. Y no solo porque Germán le recordó que había sometido las explicaciones en el plazo requerido, sino por la forma machacona en que llamó “interdicto” al hijo de la magistrada. Una obvia provocación, absolutamente innecesaria y fuera de lugar.
La tercera “prueba” es igualmente dudosa. Es una carta enviada por un juez que la acusa de tratar de influir para favorecer a un imputado de narcotráfico en un proceso del cual él estaba apoderado, mas sin pruebas, o por lo menos ninguna que el procurador pudiera exhibir.
Además, los hechos que imputó a la magistrada Germán tienen consecuencias penales. De tal forma que el procurador está obligado a investigarlos, y a guardar el secreto propio de las investigaciones penales.
Todo aparenta que no ha hecho lo primero y es lastimeramente obvio que no hizo lo segundo.
En cualquier caso, el lunes se hizo historia, solo que no del tipo de la que alguien quiera ser protagonista.
