Daris Javier Cuevas.
Si se asume el Derecho como un conjunto de normas que establece límites del comportamiento humano, pero que también actúa en ese mismo sentido para establecer la economía normativa, entonces, ese es el punto de encuentro entre ambas ramas del saber.
El derecho hace un aporte trascendental a la economía en lo que concierne a la política económica cuando esta es adoptada por un gobierno o un Estado ya que esta se sustenta en un modelo que debe ser aplicado a la realidad con la ayuda del derecho.
Al invocar el pensamiento económico, encontramos que el padre de la economía moderna, Adam Smith, en su obra “la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, observó el papel crucial de los monopolistas y de los efectos de la intervención del Estado en los sistemas de precios y de políticas proteccionistas. Al respecto, Smith partía del criterio de que, si un grupo de comerciantes que establecen un nuevo mercado y se concede un monopolio temporal, tal situación se puede justificar bajo los mismos principios sobre los cuales se permite a su forjador la patente por la creación de una máquina, por lo que concluía el cómo la ley se constituye en un incentivo productivo y cómo a partir de un análisis económico, ésta se ha materializado posteriormente en una ley.
Bajo el enfoque planteado por Adam Smith, se puede establecer la existencia de un vínculo muy estrecho entre dos ciencias que se relacionan entre sí y que sus instrumentos de actuación son aplicables de manera sistemática en ámbitos como: el tributario, laboral, monetaria y financiera, la Ley de Competencia, el gasto público, el régimen económico financiero con jerarquía constitucional, la legislación comercial, entre otros. Por igual, existen expresiones prácticas que forman parte del estudio del derecho económico como es el análisis de los mercados explícitos, es decir, la normatividad que regula de forma directa a los mercados mediante la implementación de impuestos o subsidios, con el control de la competencia desleal, tasas de interés, regulación del mercado cambiario, de capitales, etc.
También existe la disciplina de estudio de la relación entre el derecho y la economía que se ha denominado análisis económico del Derecho, el cual tiene como epicentro de estudio diversas áreas del Derecho y que se analizan bajo los instrumentos y criterios de la Economía. En adición, se ponderan los ámbitos de la legislación civil, tales como las sucesiones, los contratos, formas de adquirir dominio, divorcios, la legislación penal y el apego al texto constitucional.
A la luz de la razón y el buen juicio, el análisis económico del derecho se manifiesta en múltiples espacios jurídicos, fundamentalmente en el ámbito de la microeconomía donde se han desarrollado varias teorías que han permitido analizar el comportamiento humano desde la óptica combinada de lo económico y lo jurídico. Las evidencias empíricas han demostrado que el comportamiento delincuencial, en particular, aquellos que están vinculado a los delitos contra la propiedad, tiene una explicación económica, cuando se bajan los castigos por quebrantar la ley, normalmente los actos delictivos se incrementan,
A partir de entonces ha surgido la rama de estudio denominada economía del crimen, cuyos fundamentos descansan en el supuesto de que los delincuentes responden a incentivos, positivos y negativos, y que el volumen de delincuentes reales en la población está asociado por la asignación de recursos privados y públicos, la aplicación de la ley y otros medios de prevención del crimen. Aunque los tratadistas han llegado a la sesuda conclusión de que no es necesario que todos aquellos que cometen delitos específicos respondan a incentivos.
La teoría económica del crimen no excluye en principio ninguna categoría o crimen, o ninguna clase de incentivos. De hecho, los economistas han aplicado este enfoque a una gran cantidad de actividades ilegítimas, de evasión fiscal y violaciones de las leyes de salario mínimo, auto-robo, secuestros de vuelos, asesinato y sicariato.
La economía del crimen tiene sus antecedentes históricos en las profundas investigaciones realizadas por los doctrinarios Cesar Becaria, Jeremy Bentham y Gary Becker cuyos hallazgos se han convertido en el epicentro de los debates académicos acerca de los incentivos que tienen los individuos para delinquir. Se trata de una preocupación de la economía en el entendido de que las relaciones sociales son aquellas que se manifiestan en la búsqueda por satisfacer necesidades, en tanto, que el derecho es el que ha tenido dentro de sus fines garantizar aquello que busca la economía, evidenciándose de esta manera el encuentro indisoluble entre economía y derecho, lo cual es un axioma.
