Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El estudio del derecho es fascinante por muchos motivos. Uno de ellos es que, contrario a lo que defienden los puristas, no se trata de un sistema cerrado y mecánico en el cual las consecuencias de un estímulo son siempre previsibles.
Por el contrario, el derecho y su aplicación conforman un sistema abierto, en el cual debe tenerse sumo cuidado al momento de mover una de sus piezas porque los cambios en su seno tienen un seguro efecto de irradiación. Lo anterior tiene una consecuencia que es sólo superficialmente contradictoria: la certeza de que habrá consecuencias imprevistas.
Esto viene a cuento porque, en los últimos años, el debate público respecto a las denuncias sobre el populismo penal ha operado bajo una suposición falsa: que sus efectos diluyentes se limitarán a los procesos sonados o, en el peor de los casos, a la materia penal.
Nada más lejos de la verdad. Esto así porque el Estado, por su naturaleza, opera impulsado por patrones y precedentes. En ese sentido, lo que se hace de una forma en un lugar, termina haciéndose de la misma manera en otro.
El lector embargado por la incorrecta suposición de nunca será objeto de un proceso penal puede preguntarse en qué forma le afecta todo esto. La respuesta es sencilla: todos, absolutamente todos, nos relacionamos con el Estado en su condición de administrador y la nuestra de administrados.
Y ahí sí cobra importancia que, como le funciona en lo penal, el Estado considere que también en lo administrativo puede saltarse las normas del debido proceso para obtener sus propósitos con mayor facilidad.
Esto es constatable por todo ciudadano que no recibe respuesta oportuna, que es sometido a un trato arbitrario o medalaganario, al que la administración le da la alternativa de aceptar lo injusto o someterse a un proceso en el cual, tras muchos años, habrá perdido tiempo y dinero, aunque le den la razón.
Es muy frecuente esto, sobre todo cuando se trata de servicios públicos, permisología y -que Dios lo ampare, amable lector- materia tributaria.
El Estado dominicano se está acostumbrando a aplastar a los ciudadanos y esto está muy relacionado con el populismo penal. Ante eso existe un antídoto claro: el respeto y la defensa del debido proceso. Es lo que manda la Constitución, aunque algunos se opongan.
