Entorno Deportivo
La nación dominicana respira aires de indignación, frustración y enorme sed de justicia ante el destape del caso que afecta al Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde se habría producido un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, según el Ministerio Público.
En cualquier ámbito de nuestro territorio o en todo contacto con nuestras gentes de la diáspora, el llamado “caso Cobra” irrumpe irremisible y todos se muestran iracundos ante el hecho de que se habría sustraído del erario una cantidad semejante en perjuicio de los menos favorecidos por la fortuna.
Traemos el tema al ámbito del Deporte como advertencia de que aquí no necesitamos un caso que, dentro de su relatividad, se parezca al de Senasa, dado los cuantiosos recursos que el Estado invierte por sí solo y otros con alianzas público privada.
Hay que recordar que el Gobierno del presidente Luis Abinader destina un monto solo en construcciones que ronda los 3,000 millones de pesos para el montaje entre julio-agosto de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.
Es un asunto que se antoja muy delicado, porque el pueblo dominicano está harto de escándalo de corrupción tras otro, sin que la Justicia imponga la mano dura de la Ley, con condenas drásticas y sería el colmo que al deporte llegue un caso de desfalco múltiple.
En situaciones como el “caso Cobra” es natural que la oposición política intente sacar el mayor capital posible a costa de la formación en el Poder y del jefe de Estado mismo, y en caso de que ocurra algo punible en el contorno deportivo no será diferente. O sea, se señalará directamente al Gobierno del PRM. Pero resulta que los promotores de Santo Domingo 2026 son ajenos a tal formación política y, sin embargo, Abinader dio todo su apoyo moral y de recursos en pro del respaldo al deporte.
El ente estatal responsable de las obras “Santo Domingo 2026” es el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), pero dentro del tinglado organizativo no se alcanza a ver a un dirigente de fuste que vele por los intereses del principal partido de la formación gobernante.
Otro aspecto, aunque de menor cuantía, en el cual se debe evitar escándalos es en la construcción de decenas de polideportivos que ha emprendido el Ministerio de Deportes y Recreación. Y la mejor manera es hacer todo en regla, con presupuestos definidos y ajustados a los precios del mercado y los servicios profesionales que impidan posteriores reajustes que impliquen montos escandalosos, como en el pasado.
Un tercer punto que vemos es la posible construcción de un nuevo Estadio Quisqueya Juan Marichal mediante una alianza público privada. En este caso se exigiría que el aporte del Gobierno, los terrenos, se les otorgue el valor real actual y a futuro de estos, a los fines de quede claro el porcentaje que toca al Gobierno, como representante del pueblo.
Con la sensibilidad y el empoderamiento que reina en sectores de la población, luego de décadas de desfalcos de los fondos públicos sin que se haga justicia a ojos cerrados, la ocurrencia de futuros escándalos por obras deportivas del presente y futuro cercano no quedarían en simples rumores, como sucedió con las de los Juegos Panamericanos de 2003 y con posteriores levantamientos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El Deporte no necesita un caso Senasa, por reducido que sea.
