En los debates públicos en los que sale a relucir el debido proceso como eje argumental, es frecuente escuchar que “eso sólo beneficia a los delincuentes”.

Más que un argumento, es un alegato emocional. Su propósito es anular la validez del derecho a garantías procesales despertando animadversión contra sus presuntos beneficiarios.

Pero esto es una trampa.

Los sistemas jurídicos son, en cierta forma, cerrados. Nadie escapa a ellos, a su aplicación ni a sus distorsiones. Cada vez que se atacan las reglas que regulan y limitan la facultad sancionatoria del Estado, se están diluyendo las garantías que nos protegerán cuando —más temprano que tarde— nos toque lidiar con el arrollador poder estatal.
Es, además, una apuesta peligrosa por muchos motivos.

No es cierto que “quien nada tiene, nada teme”. Todos podemos entrar en conflicto con la Administración o con la justicia penal, incluso sin haber cometido una falta. De hecho, separar trigo de cizaña en cuanto a acusaciones o acciones coercitivas se refiere es una de las principales funciones de los tribunales. Y su trabajo es mucho, siempre es mucho.

Cuando se hable de debido proceso, en lugar de imaginar que su beneficiario es un “otro” que ha cometido hechos que a uno jamás le pasarían por la cabeza, lo que debe hacerse es pensar en clave personal. Si desaparecen las reglas que protegen a quienes están imputados por un delito, desaparecen también las que lo protegen a usted frente a la imputación de cualquier ilícito.

Puede que le parezca simpático cuando ocurre en un caso sobre delitos de cuello blanco, pero lo lamentará cuando, por ejemplo, la administración tributaria lo persiga a usted.

El mundo de los derechos es un círculo del que todos formamos parte, por lo que celebrar el atropello contra un tercero es apostar a que lo hagan contra uno mismo.

La única forma que habría de romper esa relación es permitiendo la creación y aplicación de leyes solo para algunos.

Desde luego, si eso llegara a ocurrir, sus promotores llorarán lágrimas de sangre cuando pasen de estar entre los agraciados a formar parte de los desechados.

El Estado es un proyecto común, y una de sus funciones es evitar las venganzas privadas monopolizando la capacidad sancionatoria. Precisamente para que tenga ese poder existen las garantías. No lo olvidemos.