El crecimiento de la desigualdad económica en las últimas dos décadas

Economista Tomás D. Guzmán Hernández
Economista Tomás D. Guzmán Hernández

A pesar de los avances observados en crecimiento económico y reducción de la pobreza en numerosos países, la desigualdad continúa siendo uno de los principales desafíos del desarrollo contemporáneo. En muchos casos, el crecimiento de la riqueza ha venido acompañado de una mayor concentración de ingresos y activos en los segmentos de mayores ingresos de la población.

La percepción popular de que “los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres” puede parecer una simplificación, pero refleja una tendencia que ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios económicos.

La desigualdad se manifiesta en diferencias crecientes en el acceso a ingresos, patrimonio, educación, salud y oportunidades de inversión.

Este fenómeno no solo se observa entre países, sino también dentro de las propias economías nacionales. Las crisis financieras internacionales, los cambios tecnológicos y las transformaciones del mercado laboral han afectado la capacidad de recuperación de amplios sectores de la población, incluso en economías desarrolladas.

Pero ¿cómo se mide la desigualdad? Mientras las personas suelen comparar su situación económica con la de vecinos o conocidos observando viviendas, vehículos o niveles de consumo, los economistas recurrimos a instrumentos estadísticos más rigurosos. Entre ellos destacan las encuestas de hogares, como la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que recopila información sobre ingresos monetarios y en especie, empleo, educación, condiciones de vida y patrones de consumo.

Según la ONE, el objetivo de la ENHOGAR es recopilar periódicamente información social, económica y ambiental que permita a las autoridades, instituciones privadas, organismos internacionales y demás usuarios adoptar decisiones sustentadas en evidencia estadística confiable.

Uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad es el índice o coeficiente de Gini. Este indicador oscila entre 0 y 1, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta. Cuanto mayor es el valor, más concentrada se encuentra la distribución del ingreso o la riqueza.

En el caso de la República Dominicana, diversas estimaciones sitúan el índice de Gini en torno a 39 puntos durante 2024, frente a 37 puntos en 2022, lo que sugiere un ligero aumento reciente de la desigualdad después de varios años de mejora gradual,

En el año 2024, índice se ubicó en 0,386 volvió a subir, mientras que en el año 2025 el índice experimentó otro ligero aumento, cerrando en 0,389 la tendencia es a crecer. No obstante, el país mantiene niveles de desigualdad inferiores a los registrados dos décadas atrás, cuando el indicador superaba los 50 puntos.

Paralelamente, la pobreza monetaria ha mostrado una evolución favorable. De acuerdo con el Viceministerio de Análisis Económico y Social, (VAES), del Ministerio de Hacienda y Economía, la tasa de pobreza general disminuyó de 23.0 % en 2023 a 19.0 % en 2024, permitiendo que más de 413 mil personas salieran de esa condición. Asimismo, la pobreza extrema descendió de 3.2 % a 2.4 %, alcanzando mínimos históricos recientes. Se publicó que la pobreza monetaria ha descendido en 2025 en un 18.1% mientras en el primer trimestre de este año 15.4% lo cual es buena señal.

Sin embargo, una reducción de la pobreza no implica necesariamente una disminución de la desigualdad. Es posible que mejoren los ingresos de los sectores de menores recursos mientras los ingresos de los grupos de mayores ingresos crezcan a un ritmo aún más acelerado.

La preocupación por los efectos económicos de la desigualdad ha cobrado fuerza en las últimas décadas. Numerosos estudios sostienen que niveles elevados de desigualdad pueden limitar el crecimiento económico sostenible al restringir el acceso de amplios sectores de la población a educación de calidad, financiamiento, innovación y oportunidades productivas.

En este contexto, el capital humano se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico moderno. La educación, la capacitación técnica y el desarrollo de competencias profesionales permiten elevar la productividad y mejorar la movilidad social. Una sociedad que invierte en educación de calidad para amplios segmentos de su población tiende a generar una distribución más equilibrada del ingreso y mayores oportunidades de progreso.

La educación contribuye a crear un círculo virtuoso en el que aumentan los niveles de productividad, mejoran los salarios y se reducen las brechas entre trabajadores calificados y no calificados. Por ello, la inversión en capital humano constituye una de las herramientas más eficaces para combatir la desigualdad en el largo plazo.

En América Latina, la desigualdad continúa siendo una de las más elevadas del mundo. Aunque la región logró importantes avances en reducción de la pobreza durante las primeras décadas del siglo XXI, organismos internacionales como la CEPAL y la OCDE han señalado que persisten elevados niveles de concentración del ingreso, alta informalidad laboral y limitaciones estructurales que afectan especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores de bajos ingresos.

La pandemia de COVID-19 profundizó muchas de estas vulnerabilidades, aunque varios países han recuperado parte del terreno perdido gracias al crecimiento económico, la expansión del empleo y las políticas de protección social.
La experiencia de los países desarrollados muestra una evolución diferente. En Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, la desigualdad siguió durante décadas un comportamiento compatible con la denominada Curva de Kuznets.

Esta teoría, formulada por el economista Simon Kuznets, sostiene que la desigualdad aumenta durante las primeras etapas del desarrollo económico, pero posteriormente disminuye conforme se consolida una amplia clase media y se fortalecen las instituciones redistributivas.

Efectivamente, tanto Estados Unidos como el Reino Unido registraron una importante reducción de la desigualdad desde principios del siglo XX hasta la década de 1970. Sin embargo, desde los años ochenta se observa nuevamente una tendencia creciente en la concentración del ingreso, impulsada por factores como la globalización, los cambios tecnológicos y las transformaciones en los mercados laborales.

China constituye otro caso de interés. El extraordinario crecimiento económico experimentado durante las últimas cuatro décadas permitió sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, pero también generó importantes diferencias entre regiones urbanas y rurales. Diversos informes del Fondo Monetario Internacional señalan que la desigualdad en China continúa siendo elevada, con coeficientes de Gini cercanos a 40 puntos, aunque las autoridades han implementado políticas orientadas a mejorar la inclusión social y reducir las disparidades territoriales.

Las estimaciones internacionales muestran que Estados Unidos presenta actualmente niveles de desigualdad superiores a los de China y Rusia. Mientras el coeficiente de Gini estadounidense ronda los 48 puntos, China se sitúa alrededor de 40-42 y Rusia cerca de 39-40, reflejando distintos modelos de distribución del ingreso y diferentes capacidades redistributivas de sus sistemas económicos.

La evidencia internacional sugiere que el crecimiento económico, aunque indispensable, no es suficiente por sí solo para garantizar una distribución equitativa de sus beneficios. La calidad de la educación, el acceso al empleo formal, la productividad, la movilidad social y la fortaleza institucional continúan siendo factores determinantes para lograr sociedades más prósperas y menos desiguales.

La reducción de la desigualdad constituye, por tanto, uno de los grandes retos económicos y sociales del siglo XXI. El desafío no consiste únicamente en generar más riqueza, sino también en crear las condiciones necesarias para que sus beneficios alcancen a la mayor parte de la población.
El autor es economista.

Sobre el autor

Tomás Guzmán Hernández

Economista y contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con maestrías en Administración Pública (PUCMM), Manejo Sostenible del Agua (PUCMM), Contabilidad Tributaria (UASD) y Riesgo de Desastres y Gobernanza del Cambio Climático (Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Madrid, España)