Durante años los dominicanos hemos escuchado con satisfacción los elogios que organismos internacionales hacen sobre el desempeño de nuestra economía. Gobiernos de distintos signos políticos, empresarios, economistas y sectores productivos suelen destacar que República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante las últimas décadas.
Todo eso es positivo. Nadie puede negarlo.
Sin embargo, muchas veces nos quedamos únicamente con la parte agradable de los informes internacionales y olvidamos las advertencias que esos mismos organismos suelen incluir en sus evaluaciones.
Junto al reconocimiento de la fortaleza y resiliencia de la economía dominicana, esos organismos han insistido en la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan blindar la economía frente a choques externos y garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo.
Y es precisamente ahí donde parece que hemos fallado.
Por ejemplo, cada vez que organismos internacionales recomiendan una reforma tributaria integral, no lo hacen por capricho ni porque quieran cargar de impuestos a la población. Lo hacen porque entienden que el país necesita fortalecer sus ingresos para poder responder cuando lleguen tiempos difíciles.
Y esos tiempos difíciles parecen estar tocando la puerta.
Hoy el conflicto en Medio Oriente genera incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios del petróleo. El Gobierno dominicano ha tenido que destinar más de 18 mil millones de pesos para subsidiar los combustibles y evitar aumentos más drásticos en los precios internos.
Esos recursos salen de unas finanzas públicas que ya enfrentan importantes limitaciones y que además deben sostener subsidios eléctricos, programas sociales, inversiones en infraestructura y el funcionamiento normal del Estado.
Mientras tanto, la inflación sigue generando presión sobre los hogares. Los datos más recientes muestran una inflación interanual superior al rango meta establecido por las autoridades monetarias. Y cuando los precios aumentan, quienes más sufren son precisamente las familias de ingresos medios y bajos.
Recuerdo un estudio del Banco Mundial que posteriormente fue asumido en parte por el BID. El informe hablaba de un segmento de la población que logró salir de la pobreza y ascender hacia la clase media, pero que sigue siendo extremadamente vulnerable a cualquier deterioro de la economía.
Es la llamada clase media vulnerable.
Son familias que han mejorado sus condiciones de vida, que lograron comprar una vivienda, adquirir un vehículo, enviar a sus hijos a una mejor escuela o desarrollar un pequeño negocio. Sin embargo, un aumento prolongado de la inflación, una pérdida de empleo o una desaceleración económica significativa podrían devolverlas rápidamente a condiciones de pobreza.
Ese es el verdadero riesgo que enfrentamos.
Lo preocupante es que muchos de los ajustes recomendados han sido pospuestos por razones políticas. Los gobiernos, independientemente de quién esté en el poder, suelen temer el costo político que implica impulsar reformas profundas. Se privilegia la popularidad inmediata sobre decisiones que podrían resultar impopulares en el corto plazo, pero beneficiosas para el país en el largo plazo.
Ya vimos cómo en 2025, pese a que la inversión extranjera, el turismo, las remesas y las exportaciones mostraron un comportamiento favorable, la economía dominicana apenas creció un 2.1 %. En aquel momento la principal incertidumbre provenía de factores comerciales internacionales y de las tensiones generadas por medidas arancelarias de Estados Unidos.
Ahora nos enfrentamos a la posibilidad de un choque externo real, con presiones sobre los precios del petróleo, mayores necesidades de subsidios y una creciente demanda de recursos públicos.
Muchos economistas coinciden en que tarde o temprano el país tendrá que abordar nuevamente la discusión sobre una reforma fiscal, una reforma del sector eléctrico y otras transformaciones estructurales que han sido pospuestas durante años.
La diferencia es que no es lo mismo hacer reformas desde una posición de fortaleza que verse obligado a implementarlas en medio de una crisis.
Por eso quizás ha llegado el momento de abandonar los cálculos políticos de corto plazo y comenzar a pensar en el país que queremos dentro de diez o veinte años.
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