Frederich E. Bergés
Cuando se aborda el tema de la venidera reforma fiscal, el primer argumento que surge es que se debe controlar el gasto público, mejorar su calidad y establecerse controles que aseguren su razonabilidad.
En respuesta a este reclamo y antes de abordar la reforma fiscal en sí, el Gobierno propuso una ley de responsabilidad fiscal, ampliamente comentada el pasado día 18 luego de su promulgación del 17 de julio pasado.
El criterio clásico hasta el pasado reciente ha sido de que la magnitud del gasto público es el que define la deuda del Estado. Con este conjunto de reglas en la ley recién promulgada se procura un control del gasto de manera que los ingresos definirán el monto de este.
En esencia la clave de la nueva legislación es que el techo del crecimiento del gasto público primario del Gobierno es de un 3 % más el índice de inflación esperado.
El más grande desafío de la nueva ley de responsabilidad fiscal será su cumplimento en períodos electorales. Para sólo darnos una idea tenemos que en el 2008 el gasto aumentó un 25 %, en el 2012 un 25 %, 2016 un 14 % y en el 2019 un 19 %.
Con estas cifras queda evidenciado que los mayores períodos de descontrol del gasto es precisamente el año de campañas electorales.
El título 6 de la ley que arranca con el artículo 34, establece el régimen de infracciones, sanciones y responsabilidades.
Este es tal vez el punto más débil de la ley, ya que la imposición de sanciones es un acto político, sea por el gobierno actuante que viola la ley al excederse en gastos al reelegirse o por el gobierno opositor constituido en vencedor al ganar las elecciones. Sin un ente verdaderamente independiente que imponga las sanciones de poco valen las infracciones.
Saludamos este paso que consideramos valiente y responsable, y por el cual hemos reclamado hace más de una década. Esperemos que la observancia y respeto de esta nueva ley no sólo facilite una reforma fiscal racional, sino que contribuya al crecimiento sostenido de la economía dominicana.
