El viernes pasado, el Consejo Nacional de la Magistratura publicó su propuesta de reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de otorgar a los interesados un plazo para depositar propuestas que consideren pertinentes al buen funcionamiento del Consejo.
Pienso que se trata de un esfuerzo importante, que supera con creces el reglamento anterior y equilibra razonablemente las distintas posiciones sobre la forma adecuada para evaluar los jueces.
De hecho, es significativo que haya sido aprobado a unanimidad, sobre todo después de que los consejeros miembros de la oposición advirtieran que no asistirían a las reuniones del Consejo si el reglamento no cumplía sus expectativas.
La ciudadanía tiene ahora la oportunidad de hacer reparos y proponer soluciones a los problemas que identifique. Una vez superada esta etapa, tendrá una nueva oportunidad de participación con la publicidad de la evaluación de los jueces, pudiendo opinar sobre ellos.
También podrá, oportunamente, proponer candidaturas para las posiciones que se abran en la Suprema Corte de Justicia si alguno de los titulares no supera el proceso de evaluación.
Este procedimiento ofrece un grado de involucramiento ciudadano mayor que el establecido en las anteriores convocatorias del Consejo.
Equilibra adecuadamente el ejercicio de los derechos ciudadanos y la facultad de representación constitucionalmente atribuida a los miembros del organismo.
Por estas razones, sirve de freno a los cantos de sirena que prometen un procedimiento de evaluación pretendidamente científico que no hace sino camuflar las predisposiciones ideológicas de sus proponentes.
La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe comprometer a los ciudadanos y sus representantes con un debate nacional sobre qué se quiere de la Justicia y cuáles son los jueces que pueden ayudar al país a tomar el camino deseado.
Por ello, como he dicho antes, es un error pretender que el proceso de selección niegue los principios democráticos para introducirlos en el marasmo de formularios que son más ideológicos y menos transparentes que el debate público nacional.
La propuesta de reglamento es un buen paso adelante. Esperemos ahora que los ciudadanos hagan sentir su voz y que sus representantes los escuchen.
