Frederich E. Bergés
El país recibió la noticia que, tras varios días de arduos trabajos en un hotel turístico de Constanza, un grupo de legisladores se ha puesto de acuerdo en algunos temas concernientes a la posible modificación de la Ley No. 87-01 que regula el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).
Llama la atención de que el aspecto fundamental de los acuerdos llegados entre ellos es la capacidad de cada cuatro años, igual que el tiempo de su vigencia electoral, poder determinar el nivel de rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Este solo aspecto, el de poder constituirse en árbitros y determinantes de la rentabilidad de una actividad económica en específico, revela cuál es la verdadera intención de los ahí reunidos.
Lejos de consensuar aspectos que mejorarían la cobertura y desempeño del SDSS, incluyendo los incumplimientos del Estado con respecto a la Ley No. 87-01, o las exclusiones vigentes para profesionales independientes y el sector mayoritario de la informalidad, parece que el objetivo ha sido constituirse en árbitros de la rentabilidad posible del capital invertido en las AFP.
¿No hubiese sido más productivo el que antes se hubiesen empapado de los puntos tratados en el seno de las discusiones en el Consejo Económico y Social (CES), constituido por ellos mismos mediante la Ley No. 145-15 del 12 de agosto del 2015? ¿No hubiese sido más productivo ponderar el caudal de recomendaciones que ya existen para la mejoría de la cobertura del sistema, así como de las vías reales para que las eventuales pensiones sean más amplias en el futuro?
La mejor muestra del verdadero compromiso congresional en mejorar el sistema de pensiones sería incluir su esquema privilegiado dentro del marco de la capitalización individual, asignando de su presupuesto los recursos financieros necesarios para su sostenibilidad. Igual debe ocurrir con las pensiones privilegiadas que otorga el Gobierno, así como otras entidades públicas que conviven con esquemas favorecidos.
Faltan evidencias de que estas iniciativas del grupo congresional reunido realmente están comprometidos con la mejora del Sistema de Seguridad Social y no con ampliar un poder de injerencia y decisión innecesario, por demás hasta peligroso.
