El Congreso intenta frenar caso Petrobras

Brasilia.-La policía federal brasileña detuvo hoy al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral por un supuesto delito de desvío de recursos públicos en obras realizadas en el estado, informaron fuentes oficiales.

Cabral fue detenido en su vivienda del barrio carioca de Leblon apenas un día después de la detención de otro exgobernador de Río, Anthony Garotinho, sospechoso de participar en una trama de corrupción en el marco de las recientes elecciones municipales en Brasil.

Sergio Cabral fue detenido en el marco de la operación Calcuta, parte del Lava Jato, que investiga los desvíos vinculados con Petrobras, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil.

Giro al caso Petrobras

Ocurrió en Italia con el caso “Manos Limpias” y podría ocurrir en Brasil con el escándalo de Petrobras: el Congreso contraataca con un arsenal de proyectos de leyes y busca proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción.

Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos.

La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial.

“Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá.

Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación”, dijo recientemente el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.

La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), como se conoce al caso Petrobras, que fueron respaldadas por dos millones de firmas.

Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la “Caja 2”, las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.