Santo Domingo.- En medio de cuestionamientos de sectores de la opinión pública nacional respecto a su contenido, al considerar que desfavorece la lucha contra el narcotráfico e incentiva esa práctica, el Congreso Nacional recibe el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y Estados Unidos, que lo coloca ante un gran reto al momento de su discusión.
Todos los tratados y convenios internacionales que comprometan los intereses del Estado dominicano tienen que contar con la aprobación del Congreso Nacional para su puesta en vigencia.
El tratado fue remitido la semana pasada a consideración del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo, varios meses después de ser modificado, dejando prácticamente intacta la versión original.
El primero fue el 19 de junio de 1909 y ratificado el 2 de agosto el siguiente año, entrando en vigencia tras la firma de José María Cabral y Báez, de República Dominicana, y Horace Gi Nowles, en representación de Estados Unidos.
Aunque no pueden modificarlo, los congresistas sí tienen la facultad de rechazarlo o devolverlo al Poder Ejecutivo a fin que reinicie una nueva discusión con las autoridades norteamericanas con el propósito de que responda a los esfuerzos nacionales de lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales.
Las críticas
La versión del Tratado de Extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos negociada entre autoridades dominicanas y estadounidenses no aborda las críticas que se han formulado en el país, entre ellas el hecho de que las autoridades criollas prohíban al país requirente negociar con la devolución de los bienes provenientes de actividades ilícitas de los imputados. Tampoco trata sobre las penas benignas por pactar a cambio de información que ofrezcan los narcos, como ocurre en la actualidad.
En República Dominicana quienes se oponen al tratado procuran que el país pueda exigir cumplimiento de penas justas y el decomiso total de los bienes punibles de aquellos que sean extraditados.
La práctica ha demostrado hasta el momento que a los Estados Unidos lo que le interesa es la obtención de información de cómo funciona el negocio de las drogas para desmontar estructuras sin que a los narcos extraditados se les den medidas ejemplares.
Casos sonoros
Al menos eso ha ocurrido con casos sonados como el del exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien luego de traficar con decenas de toneladas de cocaína en perjuicio de miles de jóvenes, niños y adolescentes, sólo cumplió una condena de 10 años, tras negociar con las autoridades norteamericanas a cambio de información.
No obstante a eso, también tiene la posibilidad de reclamar numerosos bienes que le fueron confiscados. Lo propio ocurrió con su socio Ernesto Guevara (Maconi), quien también está libre en el país, así como Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y muchos otros narcos.
Carta Magna deja claro principios a seguir
El reto de los senadores y diputados radica en que es la Constitución de la República la que plantea la necesidad de actuar con independencia en defensa de la soberanía nacional y de los mejores intereses del país.
Respecto a las atribuciones del Congreso Nacional, la Carta Magna señala en su artículo 93, acápite “i”, la de “aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo”.
Existen precedentes en los cuales el Poder Legislativo ha devuelto contratos y convenios al Ejecutivo al estimar que colidían con la Constitución o que no favorecían el interés nacional. De igual manera, el Ejecutivo ha retirado del Legislativo acuerdos que ha enviado para el conocimiento congresual.
La Constitución dominicana, su preámbulo, deja claramente establecido el propósito de tener “una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, igualdad, el imperio de la ley, la justicia, solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social”.
También hace expresa la voluntad de promover la unidad de la nación dominicana.
