Ningún tribunal de los Estados Unidos posee competencia jurídica para enjuiciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Tal pretensión no solo carece de fundamento legal, sino que constituye una violación directa a los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo: la soberanía estatal, la igualdad jurídica entre los Estados y la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado en ejercicio. Cuando un Estado se arroga la potestad de juzgar a un mandatario extranjero, sin mandato multilateral ni base normativa universal, deja de actuar como sujeto de derecho internacional y se comporta como poder imperial.
La práctica estadounidense de extender su jurisdicción penal más allá de sus fronteras no responde a una lógica de justicia, sino a una estrategia de dominación política. Bajo el discurso de la “lucha contra el crimen” o la “defensa de la democracia”, Washington ha convertido su sistema judicial en un instrumento de coerción geopolítica.
La justicia estadounidense no opera aquí como un órgano imparcial, sino como una prolongación del poder ejecutivo y de sus intereses estratégicos, erosionando la ya debilitada separación entre derecho y política.
Desde la perspectiva del derecho penal internacional, solo la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, puede ejercer competencia sobre un jefe de Estado por la comisión de crímenes internacionales, y ello únicamente bajo los estrictos presupuestos del Estatuto de Roma y el principio de complementariedad.
Pretender sustituir este marco jurídico multilateral por decisiones unilaterales equivale a dinamitar el sistema jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Es el triunfo del poder sobre la norma, de la fuerza sobre el derecho. La crisis del derecho internacional no se expresa en su inexistencia formal, sino en su aplicación selectiva. Estados Unidos exige respeto a normas que sistemáticamente viola: desconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional cuando podría afectar a sus propios funcionarios, pero la invoca indirectamente cuando sirve para legitimar sanciones, persecuciones o amenazas contra líderes de Estados no alineados.
Esta doble moral jurídica revela que el derecho internacional ha sido degradado a un instrumento de castigo político, no de justicia universal.
El caso del presidente Nicolás Maduro no es una excepción, sino un síntoma. La judicialización unilateral de la política internacional confirma que el orden jurídico global atraviesa una fase de descomposición, donde las grandes potencias ya no buscan legitimidad en el derecho, sino obediencia mediante el miedo, la presión económica y la amenaza penal. En este escenario, la justicia deja de ser un espacio de garantías y se convierte en un arma de guerra no convencional.
En definitiva, permitir que tribunales nacionales y en particular los de Estados Unidos se atribuyan competencia para juzgar a jefes de Estado extranjeros equivale a aceptar la muerte del derecho internacional como sistema normativo y su reemplazo por un orden de imposición imperial.
La única vía jurídicamente legítima sigue siendo la justicia penal internacional multilateral. Todo lo demás es abuso de poder revestido de legalidad.
*El autor es politólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto San Francisco. Analista internacional y ensayista de temas locales, nacionales e internacionales.
