Alan García fue presidente de Perú durante dos mandatos.
Bogotá.- El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio, este miércoles, del expresidente de Perú Alan García.
El dos veces gobernante de Perú (19985-1990 y 2006-011) y una de las figuras más destacadas, y polémica, de la política latinoamericana contemporánea, se descerrajó una bala en la cabeza cuando un grupo de fiscales y policías se presentaron en su domicilio de Lima para arrestarlo por su presunta implicación en los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
Los sobornos, y posteriores delaciones para mantener a flote su negocio, del emporio brasileño, han llevado a la cárcel o ante la Justicia, y ahora a uno al suicidio, a todos los presidentes peruanos desde el final del mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), también encarcelado por corrupción y delitos de lesa humanidad.
La de García no es la primera muerte relacionada con el escándalo continental de Odebrecht, ya que en Colombia han muerto tres personas, dos testigos en el caso de la constructora brasileña y el hijo de uno de ellos, en una rocambolesca y poco clara sucesión de hechos con el uso de cianuro por medio.
Mientras García moría en un hospital de Lima, el también expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) e igualmente acusado y detenido por el caso Odebrecht, era ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico de la capital peruana, donde permanece, por un problema cardíaco.
El expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra huido de la Justicia de su país tras haber sido acusado de recibir de Odebrecht para su usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya una petición de arresto y extradición.
La primogénita de Fujimori, Keiko, líder de la oposición, cumple prisión preventiva también bajo la acusación de haber sido sobornada por Odebrecht.
La Fiscalía Anticorrupción peruana mantiene abiertas una acusación e investigación sobre la presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el pago de los sobornos admitidos por Odebrecht.
En Colombia, la Fiscalía General solicitó en su momento la apertura de una investigación sobre la denuncia de la “contribución» de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Además de la acusación que ha gravitado sobre Santos, en Colombia está encarcelado, entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht, Gabriel García Morales, vieceministro de Transportes durante la Administración del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Del entorno de Uribe, también ha sido señalado por informaciones de la prensa brasileña procedentes de las delaciones de Odebrecht Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del partido que lidera el expresidente colombiano en las elecciones en las que lo ganó Santos en 2014.
En Panamá pesa una orden de extradición contra dos hijos, ya detenidos en Estados Unidos, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.
También en Panamá, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.
En Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un entramado de corrupción en el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a ser derrocada de la Presidencia a Dilma Rousseff y a la cárcel a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a cualquier administración presidencial.
También parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.
En Brasil, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de cárcel, y trasladado a prisión domiciliaria en una de sus mansiones gracias a la llamada “colaboración eficaz” con la Justicia Condenada indefectiblemente al ostracismo empresarial al menos a mediano plazo, el emporio se dispuso, por lo menos, y caiga quién caiga, a sacar de la cárcel a su propietario.
A consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en Estados Unidos, las autoridades de ese país aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación.
Como resultado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado diciembre de 2016 el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
