El danilismo no es una ideología, ni una teoría de gobierno, ni siquiera una tendencia política. Desaparecerá su mención en poco tiempo. Si algo lo define, por los que se identifican fervorosamente con dicha expresión, es un esfuerzo por garantizar la impunidad frente a una avalancha de persecuciones judiciales locales e internacionales que sobrevendrán una vez ese grupo en el poder pierda la protección del Estado.
Eso explica la furia de su campaña intentando colocar en la competencia un candidato que no tiene dos ideas juntas y que está provocando un gasto brutal de los fondos públicos para promoverlo. Y en dicho propósito no se está respetando ninguna ley, ni decencia, ni mucho menos sentido común. Asistimos a una acción política desquiciada por el miedo de todo ese grupo a ser sometido a la justicia y terminar muchos de ellos en Najayo o perseguidos por la Interpol.
Sin una oposición política, únicamente contamos con algunos periodistas de investigación que ofrecen los datos que tendrían vocación de evidencias y pistas para guiar a futuros fiscales que asuman la tarea de perseguirlos una vez desalojen el poder ejecutivo. Si eso ocurrirá no lo sé, pero si no ocurre la sociedad dominicana se hundirá en una crisis solo comparable a la ocurrida entre el golpe de Estado del 1963 y el levantamiento cívico-militar de 1965. La legitimidad de cualquier gobierno proveniente del llamado danilismo será nula y quedaremos a nivel internacional como un Estado delincuencial.
Aunque la sociedad dominicana luce tranquila, en su seno se mueven intereses espurios y acciones criminales que amparadas en el poder del Estado van camino de desatar un conflicto social, político y económico que nos retrasaría varias décadas y destruirá el estado de derecho. La solución no es una cuestión tan simple como quien gana las elecciones del 2020, aunque sí importa, sino lograr recuperar el orden constitucional y la preeminencia del cumplimiento de las leyes por todos.
La impunidad reinante es peor que si viviéramos en una crisis económica como la de Haití o Venezuela, porque es un cáncer que erosiona toda la convivencia social y dificultará todo esfuerzo de solución pacífica respetando el orden constitucional.
Si la crisis se desata la clase media se hundirá, las grandes inversiones nacionales e internacionales sacarían sus capitales y las mayorías más empobrecidas únicamente tendrían como recurso para sobrevivir la violencia.
Vamos derecho a quebrar el contrato social y me temo que muchos no perciben la gravedad del problema. Ojalá desde el poder político actual aquellos que no están involucrados en la corrupción, y por tanto no necesitan de la impunidad una vez dejen sus puestos, se esfuercen en detener esta vorágine que nos arrastrará a todos.
Le harían un gran servicio al pueblo dominicano presente y a las futuras generaciones. Es mi mayor deseo, con gran dosis de ingenuidad, lo reconozco, pero no deseo que ocurra lo que veo que se adviene.
