Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El fin de semana pasado República Dominicana vivió, por segunda vez en un año, las consecuencias de unas lluvias cuya intensidad destructiva nadie previó.
Es mucho lo que puede decirse sobre la falta de previsión del Estado dominicano, pero nada tendría sentido si no reparamos en el problema subyacente: el cambio climático es una realidad innegable que nos afecta.
La República Dominicana presenta vulnerabilidades importantes ante este fenómeno. Esto así porque tanto el turismo –una de sus principales industrias– como su seguridad alimentaria dependen de que podamos gestionar los efectos del cambio climático.
Por tanto, es bueno, muy bueno, que todos los sectores que se han pronunciado sobre el tema, incluyendo al gobierno, hayan reconocido que el cambio climático es real y representa un riesgo significativo para el país.
Esto nos coloca en una situación de ventaja frente a otros Estados, en los que el deseo de avanzar ciertas ideologías políticas ha llevado a negar lo que todos tenemos ante nuestros ojos.
Entiendo que, en cumplimiento de los deberes previstos en los artículos 63.9, 66 y 67 constitucionales, la República Dominicana debe tomar todas las medidas necesarias para poder enfrentar el fenómeno.
Al mismo tiempo, debe ser parte activa en los esfuerzos internacionales para la preservación del medio ambiente. Después de todo, y dado que vivimos en el mismo planeta, el éxito final depende de la colaboración de todos los países del mundo.
Debemos poner manos a la obra ya, porque este fenómeno no espera a que se resuelvan las disputas entre los populistas que quieren amasar poder negándolo y los científicos que han constatado que el fenómeno existe. A las fuerzas de la naturaleza le importan muy poco esas discusiones estériles, y con paciencia nos están demostrando todos los años que pagaremos un precio alto si no somos capaces de tomar medidas pertinentes.
Ojalá que en la próxima campaña electoral los programas y propuestas de gobierno se destaquen por promover soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y es que, como dice el artículo 67 constitucional, no sólo se trata de nuestro compromiso con el presente, sino de nuestro compromiso con generaciones futuras.
