Frederich E. Bergés
Uno de los fenómenos más llamativos de este año recién iniciado es la tasa de inflación que afecta nuestra economía. Ciertamente, su mayor componente es importado, ya que por diversas razones los hidrocarburos han continuado su carrera alcista.
Ello, junto a la reactivación económica global cuasi post pandemia, está contribuyendo en conjunto al alza de precios, tanto de bienes primarios como de artículos terminados.
Este fenómeno no ha escapado a nuestro país, donde experimentamos a diario diferentes alzas en los precios, siendo el más notorio el de los combustibles, los cuales a su vez contribuyen al alza generalizada de precios de bienes, seguido por diversos servicios. Para ello es necesaria una acción conjunta de los diferentes estamentos de la administración pública, con el propósito de aminorar en todo lo posible el impacto inflacionario sobre la capacidad de consumo de los ciudadanos.
Dentro las acciones ejecutadas a la fecha se destacan las disposiciones emanadas de la Junta Monetaria, bajo la orientación y recomendaciones del Banco Central.
Esta institución, rectora de la política monetaria, ha recurrido al arsenal de medidas con las cuales dispone a los fines de contribuir a contener las presiones inflacionarias actuales.
Con el objetivo de reducir la liquidez general de la economía y revertir medidas de expansión dispuestas durante la pandemia para contrarrestar la contracción económica que se derivó del Covid, se han utilizado dos herramientas básicas.
En primer lugar, están las continuas subastas de notas con las cuales se recogen recursos financieros anteriormente facilitados a la economía. A este le ha seguido un aumento en la tasa de interés de política monetaria, encareciendo los préstamos para contener su expansión.
El objetivo general de estas disposiciones es desacelerar el crecimiento del medio circulante y preservar el rango del movimiento de precios de intercambio de nuestra moneda.
Ciertamente el Banco Central no se ha dormido frente al incremento de precios que vivimos. Falta por ver qué medidas habrán de tomar las demás instancias gubernamentales de incidencia en el costo de la vida para aminorar el impacto inflacionario sobre nuestros bolsillos.
