Claudio Caamaño Vélez
El año pasado el Estado dominicano destinó 73,959 millones de pesos al subsidio eléctrico (una pila de cuarto que no la brinca un chivo), para compensar la diferencia entre lo que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) cobran de los usuarios y lo que le deben pagar a las empresas generadoras.
Esta es una cifra alarmante, que ha ido en crecimiento año tras año, fundamentalmente debido a la poca eficiencia que tienen las EDE en el cobro de la electricidad.
Para que tengamos una idea, en el año 2023 el promedio de estas “pérdidas” fue de 35.9 %, entre las tres EDE: Edenorte (25.0 %) Edeeste (53.6 %) y Edesur (28.0 %).
Imaginemos un negocio, digamos un colmado, que le roban constantemente una tercera parte de la mercancía, ¿podría sobrevivir así?
Es urgente detener esta hemorragia del sistema eléctrico, que está desangrando el desarrollo de nuestro país. Por un lado le chupa al Estado recursos que podría destinar a promover el crecimiento y mejorar la calidad de vida, y por el otro hace que quienes si pagan tengan un costo más elevado.
Lo peor de esto es que quienes no pagan luz, además de que se la roban, la desperdician groseramente. Es fácil darse cuenta quienes no pagan: a las doce del día tienen bombillos encendidos, en muchos casos incandescentes.
Así mismo, dejan aires acondicionados, generalmente de baja eficiencia, encendidos durante el día para “tener la casa fresca” cuando regresen, por poner ejemplo.
No es justo, ni sano, ni sostenible, que una parte de la población, directamente e indirectamente, tenga que pagar por la electricidad de aquellos a quienes las EDE no han tenido la voluntad de cobrarles. Ese barril sin fondos del sistema eléctrico dominicano debe parar.
