Nassef Perdomo Cordero, abogado.
En las entrevistas a los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, el presidente Luis Abinader sacó a colación un tema importante al que se ha dejado dormir en los últimos años. Se trata del acuerdo de preclearance o prechequeo aduanal entre la República Dominicana y los Estados Unidos.
Este tipo de acuerdo permitiría que funcionarios aduanales y de migración estadounidenses operen en un área designada en aeropuertos específicos, para que los controles puedan realizarse en territorio dominicano.
Como consecuencia de ello, los vuelos que salgan de estos aeropuertos pueden estar destinados a aeropuertos locales en territorio de ese país y no sólo a los internacionales.
El impacto de ello en el turismo sería muy positivo porque abriría un amplio abanico de posibilidades con vuelos directos desde nuestras zonas turísticas a diversas regiones del mercado estadounidense.
En el año 2015 hubo un primer acuerdo en este sentido, que fue anulado por el Tribunal Constitucional mediante su sentencia TC/0315/15.
Las principales preocupaciones del Tribunal fueron dos: la presencia en territorio dominicano de personal militar y de seguridad extranjero, y las dificultades que tendrían los dominicanos para obtener la garantía de sus derechos si son vulnerados en el área designada para el prechequeo.
Como consecuencia de ello, en los años 2015 y 2016 los gobiernos dominicano y estadounidense renegociaron el acuerdo, y fue ya sometido a conocimiento del Tribunal Constitucional.
En el nuevo acuerdo, los dos Estados procuraron equilibrar sus intereses particulares y comunes, asegurando el respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Su ratificación sería un paso significativo para la consolidación de la oferta turística dominicana en el mercado estadounidense, algo que ha sido siempre deseable, pero que es particularmente importante en el contexto actual.
Los acuerdos de prechequeo son instrumentos que permiten conjugar la seguridad y la flexibilidad, trayendo beneficios para ambas partes. Ojalá que en esta ocasión el Tribunal Constitucional le dé el visto bueno.
