Carlos Salcedo
El papel del abogado puede ser cuestionado, sobre todo si se aleja de la ética profesional, no asumiendo la defensa integra y eficiente de la parte que representa. La lucha por el derecho es un imperativo categórico y el abogado es un instrumento al servicio de la defensa de los intereses que representa como medida de todas las acciones (Ihering).
La participación del abogado en un proceso debe ser garantía del Estado Constitucional y Convencional de Derecho, con lo cual, cuando un ciudadano es acusado de un delito, por muy escandaloso que sea, debe recibir una defensa justa.
Ya estamos avanzando y debemos lograrlo: pasar efectivamente de las declamaciones y reconocimiento de derechos humanos a su realización, salvo que queramos retroceder a una sociedad primitiva y al uso de la fuerza como fuente cavernaria del poder.
En el sistema republicano y democrático, el abogado cumple un papel relevante cuando del respeto a los derechos individuales se trate, procurando soluciones alternativas y preventivas al conflicto como para que en un proceso judicial las garantías operen realmente.
La presunción de inocencia no es poesía. Es una garantía a favor del imputado, quien se presume y es inocente hasta tanto intervenga una sentencia de condena. Frente al reclamo de efectividad se impone un nuevo patrón: no se conciben los derechos sin garantías, ni poderes sin controles (Vanossi).
Los derechos y sus garantías no son un traje colgado en el closet de los recuerdos. Son las vías de contención del poder, sea este formal, material o popular. ¿Vamos a sustituir la justicia por la aclamación popular de condena? La justicia se legitima con la eficiencia y las garantías corriendo concurrentemente y con decisiones motivadas solo en hecho y derecho, no por motivaciones extrañas o espurias, ni presiones internas ni externas, que son las que ahogan la imparcialidad judicial como correlato de su independencia.
Cuando una persona es investigada, se solicita una medida de coerción en su contra o es acusada, debe ser asistida por un abogado para que le sean garantizados sus derechos durante el proceso y, si llegare el caso, un juicio justo.
Crucificar al abogado por la defensa de un imputado equivale a sacrificar al médico que asiste a un supuesto criminal que se desangra.
