El 40% del presupuesto judicial se va en materia penal, plantea Luis Henry Molina

  • Presidente de la Suprema sugiere agilizar jurisdicciones inmobiliaria, civil, laboral y de familia. Territorial. Propone digitalización y reorganizar el país en 5 regiones judiciales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.   jose de león
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina. José de León

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó que el 40 % del presupuesto de la institución es absorbido por los procesos penales, por lo que urgió a incentivar las salidas alternativas mediante acuerdos procesales para lograr una reducción sustancial del gasto y descongestionar los tribunales.

Molina sostuvo que la vía para maximizar los recursos radica en la eficiencia operativa y en el uso de herramientas digitales.

Destacó que agilizar las jurisdicciones inmobiliaria, civil, laboral y de familia generará un impacto directo en la seguridad jurídica y permitirá una mayor recaudación de ingresos para el Estado.

Entrevistado en el almuerzo del Grupo de Comuniciones Corripio, afirmó sobre la lentitud de los procesos, que para acelerar los casos penales existe una solución, que son los acuerdos. “En la medida que la justicia dominicana no entienda, como entienden en los Estados Unidos o en todos los países con este tipo de sistemas, que los casos tienen que resolverse por acuerdo y que solo debe ir a juicio un 5 % o un 10 %, no habrá realmente una justicia al día que garantice de manera oportuna los derechos de las personas”, puntualizó.

Cero mora en el Pleno

Respecto al trabajo en la máxima instancia, el también presidente del Consejo del Poder Judicial, informó que la Sala del Pleno de la SCJ cuenta únicamente con 122 casos en tramitación, los cuales se están resolviendo dentro de los plazos legales establecidos, descartando la existencia de mora judicial en ese órgano.

Sobre la independencia de los fiscales, Molina reiteró la neutralidad de la judicatura, tras asegurar que los jueces actúan como terceros imparciales responsables de decidir sobre los planteamientos presentados por el Ministerio Público y la Defensa Pública.

Reorganización

Molina planteó la necesidad de agrupar las normativas del sector en una sola Ley Orgánica del Poder Judicial para abordar temas estructurales, entre ellos la redistribución territorial.

Explicó que actualmente el país está dividido en 11 departamentos judiciales creados sin otro criterio que la cercanía geográfica, que resulta innecesario en la era digital.

Propuso repensar la estructura nacional en cinco grandes regiones judiciales apoyadas en Cortes de Apelación regionales. “Eso que digo tan rápido, desde que lo planteemos y se haga noticia, va a tener el rechazo de mucha gente, porque implica cambiar lo que existe. Cada vez que se cambia algo, se solucionan problemas, pero se crean otras expectativas”, manifestó el magistrado.

Justicia cercana

El presidente de la Suprema señaló que la justicia está fuertemente mediada por abogados y el Ministerio Público, por lo que se deben habilitar vías alternativas que no requieran acudir a un tribunal. Destacó el papel de las Casas de Justicia y sugirió potenciar mecanismos horizontales con trabajadores sociales o mediadores para resolver litigios de manutención, derecho de familia o conflictos vecinales mediante la justicia restaurativa.

Asimismo, resaltó que la digitalización avanza en demarcaciones como Santiago, donde el 68 % de los abogados ya realiza sus trámites de forma remota sin acudir físicamente a los palacios de justicia.

El 40% del presupuesto judicial se va en materia penal, plantea Luis Henry Molina
Roberto Cavada, José Alfredo Corripio, Manuel Corripio, Nancy Salcedo, Luis Henry Molina, José Luis Corripio Estrada, Miguelina Ureña, Javier Cabreja, Ángel Brito, Rolando Guzmán, José P. Monegro, José Luis Corripio Martínez y Rodrigo González Corripio. José de León

Molina dijo que al asumir en el 2019, como presidente del Poder Judicial, la institución enfrentaba tres limitaciones críticas que requerían una reestructuración inmediata, que eran: digitalización, que fue la transición de un sistema analógico a una plataforma tecnológica, para realizar todos los depósitos de documentos, trámitación y firmas digitales que se ejecutan de forma remota.

También mora cero en la SCJ, en que se eliminaron los rezagos de expedientes con más de 20 años de antigüedad. Ningún caso en la Suprema Corte supera el año de tramitación.

Además, seguimiento en tiempo real, con la herramienta digital para que abogados y ciudadanos puedan rastreen el estado de sus expedientes mediante un código.

Asimismo, refirió la aplicación del modelo de gestión en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y la supervisión de mejoras para Santo Domingo Oeste, donde falta mucho por hacer.

Retos

Pendientes
El presidente de la Suprema dijo que uno de los retos es incentivar acuerdos, bajar juicio penal, y mitigar demoras en zonas de alto desarrollo turístico y comercial de un incremento superior al 30 % en el área inmobiliaria.

Sobre el autor

Teresa Casado

Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.