Jesús Díaz
El partido gobernante encabezado por Luis Abinader, tiró la bola de reducir la partida asignada al Ministerio de Educación, lo que ha provocado el rechazo de grupos vinculados al sector, y ciudadanos que se unieron en el movimiento para que se cumpliera con lo establecido en la ley 66-97 que consigna el 4% del Producto Interno Bruto para la educación.
El gabinete económico del gobierno encabezado por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente y José Rijo, trataron de convencer al país de la reducción de más de cuatro mil millones de pesos que proponen a esa cartera en el Proyecto de ley de presupuesto reformulado del año 2022 sin que lograran dicho cometido.
El gobierno se canta y se llora, pone el tema y ante las reacciones de la población y los diversos sectores, echa hacia atrás la infausta medida sobre un sector tan delicado y de vital importancia para el país como lo es la educación preuniversitaria.
Al presidente Abinader y sus funcionarios se les olvida su propio programa de gobierno cuando planteaban que: “Administrar los recursos financieros con eficiencia, pulcritud y rendición de cuentas, instaurar una correcta y transparente planificación de la gestión administrativa y financiera del presupuesto del Ministerio de Educación.
En tal sentido, el gobierno del cambio procurará racionalizar y eficientizar la administración del Ministerio de Educación, garantizando transparencia en el manejo del 4% del PIB para la educación, auditar los gastos en el Ministerio de Educación (4% del PIB), instaurar un sistema de auditoría permanente en todas las instancias ejecutoras de recursos del MINERD, fortalecer la auditoría de las comunidades sobre las escuelas’’.
Eso decían en campaña y hasta el día de hoy no se conoce auditoría interna de los pasados ministros de educación del PLD ni del propio Roberto Fulcar, pero debiéramos preguntar: ¿Porque no se ejecutó de manera completa el presupuesto de educación? ¿A quién le interesaba que no se ejecutará? Solo son unas preguntas que quedarán pendiente para el propio gobierno.
Meter la pata y sacarla a tiempo es de sabios, pero la amenaza seguirá latente, el 4% para educación llama la atención no solo de los políticos, también de los sectores empresariales del país que ven en ese presupuesto ganancias económicas sin importarle el elemento fundamental que es garantizar educación pública gratuita y de calidad.
