SANTO DOMINGO.-El 30 por ciento de los trabajadores suspendidos, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, corre el riesgo de perder sus empleos de manera permanente por estar dentro del círculo de personas «de alto riesgo» o vulnerables a este coronavirus.
Eso equivale a casi 300 mil trabajadores, que aún con la reapertura total de las actividades económicas no podrán retornar a sus labores en distintos sectores productivos por estar sobre los 65 años, padecer cardiopatías, asma, hipertensión y otras condiciones de salud.
Según estimaciones de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, en ese grupo también entran aquellos a quienes los empleadores no puedan renovar sus contratos laborales.
Rafael -Pepe- Abreu, presidente de ese gremio sostuvo que a medida que la economía relaja las restricciones sobre las empresas, algunos trabajadores son llamados a regresar a sus tareas. Sin embargo, a los que se les considera expuestos a más riesgos de salud se les podría pedir que permanezcan más tiempo retirados.
Abreu cree que esta situación podría ser aprovechada por algunos empleadores para desahuciar a los envejecientes.
En ese sentido, propuso que desde el Gobierno se promuevan acuerdos entre los empresarios para preservar los empleos.
“Es posible que los trabajadores mayores que pierdan su empleo por esta crisis no puedan volver a competir en el mercado laboral. Además, algunos que no han logrado acumular las cotizaciones necesarias para obtener una pensión se pueden quedar en el aire”, alertó.
De su lado, Gabriel del Río, presidente de la Confederacion Autónoma Sindical Clasista , expresó que esta crisis eleva el riesgo de las personas mayores en el mercado, quienes desde antes de la pandemia eran vulnerables frente a la inserción y reinserción laboral.
Otros riesgos
Hasta ayer, solo 22.2% de los trabajadores suspendidos se habían reintegrado a sus trabajos, lo que significa que de los 1,088.055 suspendidos unos 241,808 volvieron formalmente a su labores en la segunda fase de la desescalada, período en que las empresas pequeñas operan con el 100% de su personal, las medianas con el 75% y las grandes con el 50%, según estadísticas del Ministerio de Trabajo.
Fin de asistencia
Para muchos empleados el panorama podría empeorar, ya que en este mes se vence el plazo de las suspensiones, y se supone que los trabajadores se reintegren a sus puestos de trabajo, indicó Abreu, al señalar que eso puede ser aprovechado para que se efectúen despidos masivos. “Se hace necesario que el Gobierno extienda el plazo de las asistencia a los empleados y aumente los montos de subsidios”, enfatizó .
De hecho, ya varios empleados que fueron acogidos en el programa Fase I han sido cancelados de sus labores.
Los más afectados han sido los del sector turismo, que tiene más de 350,000 trabajadores suspendidos, pero aún no inicia sus operaciones.
Una de esas es Yenifer Rosario, empleada de un hotel en la zona norte, quien cuenta que ya le entregaron su cancelación y que, como ella, decenas de empleados fueron cancelados. La misma situación se ha visto en trabajadores de hoteles de la zona Este, especialmente de Bávaro y Punta Cana.
—1— Asistencia
El 85% de los trabajadores reintegrado está en el programa de Asistencia Fase II.
—2— Reapertura
El Ministerio de trabajo y Proconsumidor supervisan empresas en desescalada
—3— Propuesta
Gremialistas proponen extender y aumentar asistencia a empleados suspendidos.
Denuncian suspendidos pierden cobertura salud
Salud. Abreu denunció que prestadoras de servicios de salud exceptuando el Seguro Nacional de Salud (Senasa) están negando el servicio a algunos de los afiliados que han sido suspendidos, pese al mandato del Consejo Nacional de Seguridad Social de continuar con la cobertura.
“Llamamos a las autoridades a evitar que esto desencadene una crisis, porque los más de 900 mil empleados suspendidos tienen dependientes”, manifestó a EL DÍA.
El CNS dispuso mantener la afiliación Seguro Familiar de Salud, por un período de 60 días más, a los trabajadores suspendidos.
