El gobierno lanza una ofensiva legal y administrativa para impedir nuevas adquisiciones y recuperar parcelas ya vendidas cerca de instalaciones militares
El gobierno de EEUU lanzó una nueva política de seguridad nacional agrícola: prohibirá la compra de tierras agrícolas por parte de inversores chinos y otros considerados “adversarios extranjeros” y planea recuperar propiedades ya adquiridas.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, presentó el Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola, durante una conferencia conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Rollins afirmó que algunas compras de tierras por potencias rivales pueden transformarse en “armas” contra EEUU, con posible uso para inteligencia o interferencia en la cadena de alimentos.
Un dato clave: los inversores chinos poseen actualmente en torno a más de 121.405 hectáreas de tierras agrícolas en EEUU, una fracción ínfima (menos de 0,02 %) del total, pero con concentración estratégica cerca de bases militares.
Rollins insistió en que se revisarán “todas las opciones” para recuperar terrenos ya adquiridos mediante una próxima orden ejecutiva. Asimismo, el Departamento de Agricultura exigirá informes más rigurosos y aplicará multas de hasta el 25% del valor de la tierra por omisiones en la declaración.
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El secretario Hegseth aclaró que el Pentágono impedirá ventas de tierras cercanas a bases militares a inversores de adversarios extranjeros. “No pueden asumir que no estamos vigilando”, indicó.
El plan ya cuenta con respaldo legislativo bipartidista. Avanzan proyectos como la Ley de Revisión del Riesgo Agrícola y la Ley de tierras agrícolas, que exigirían informes de adquisiciones de tierras que superen determinados umbrales y establecerían un registro público.
Estados como Arkansas, Florida, North Dakota y Montana llevan años restringiendo la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas sensibles. En 2023, Arkansas obligó a una compañía china a vender 65 hectáreas y pagó una multa de USD 280.000 por no declarar la compra.
Entre los casos emblemáticos se encuentra Smithfield Foods, propiedad de WH Group desde 2013. Actualmente retiene cerca de 35000 hectáreas, tras vender más de 16000 el año pasado. Smithfield asegura su independencia operativa y gestión local.
El New York Post informó que el plan contempla la cancelación de más de 700 contratos de investigación y cooperación con entidades vinculadas a China, lo que abarca proyectos sensibles como los vinculados al Instituto de Virología de Wuhan.
También se buscan asegurar las cadenas de suministro: se evaluarán sistemas de bioseguridad, fraude alimentario y se elevarán estándares de investigación agroalimentaria para evitar infiltraciones exteriores.
El plan se enmarca en un enfoque más amplio de política América Primero (America First) del gobierno de Trump. En la misma rueda de prensa, Rollins confirmó que no habrá amnistía para trabajadores agrícolas indocumentados, aunque se promoverá la automatización y se contará con reservas ampliadas de mano de obra estadounidense, incluidas personas en Medicaid.
Críticos argumentan que esta política podría desalentar inversiones extranjeras legítimas, tensar el clima comercial internacional y complicar relaciones con aliados. Sin embargo, sus defensores sostienen que salvaguardar la integridad del sistema alimentario y la seguridad de instalaciones militares es un imperativo nacional.
En suma, este anuncio representa un giro firme: la agricultura estadounidense se redefine como pieza clave de la seguridad nacional. La iniciativa integra herramientas ejecutivas, reformas legales y coordinación federal-estatal para detener compras futuras, recuperar adquisiciones existentes y blindar zonas sensibles.
Fuente: Infobae
